La Unió Llauradora i Ramadera denuncia que algunos agricultores, entre ellos su secretario general, Carles Peris, están recibiendo en los últimos días propuestas de sanciones por parte de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana por participar en la protesta conjunta de todas las organizaciones profesionales agrarias del pasado 22 de febrero en el Port de València, tal y como ya sucedió con las tractoradas de la provincia de Alicante.

Delegación del Gobierno les impone una multa de 1.200 euros por “alterar el orden público al intentar sobrepasar la línea policial realizada para impedir el acceso de los manifestantes al interior de una infraestructura crítica como es el puerto de Valencia, desobedeciendo las ordenes de la fuerza actuante”.

El secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, asegura que “en un contexto de trabajo y lucha contra una injusticia como es la de aplicar bonificaciones a las tasas portuarias de productos importados y defensa de los intereses de los agricultores valencianos, es intolerable recibir multas por valor de 1.200 euros”.

Por otra parte, la organización denuncia que la Delegación del Gobierno es juez y parte en este asunto al tener representación dentro del Consejo de Administración del Puerto de València. “Ha recibido la Delegación toda la información relativa a nuestra propuesta de revisión para eliminar las bonificaciones a las tasas portuarias de los productos agrícolas importados, luego el Consejo de Administración acuerda finalmente eliminar las tasas y, pese a ello, ahora nos manda notificaciones de expedientes sancionadores. Esto no hay quien lo entienda”, señala Peris.

LA UNIÓ indica que en ningún momento se pretendió entrar a la actividad comercial del puerto de Valencia, de hecho, no hubo problemas de acceso al mismo ni se entorpeció la circulación de este, y que únicamente se quería “hacer una sentada de protesta en la zona de la Autoridad Portuaria para expresar el malestar por la inacción de la presidencia ante la eliminación de las bonificaciones de tasas portuarias a los productos importados y mantener una reunión con la presidenta, Mar Chao, como así se les trasladó de forma reiterada a las fuerzas de Seguridad allí presentes. Posteriormente además la Autoridad Portuaria decidió eliminar esas bonificaciones dándonos la razón”.

La organización agraria lamenta y rechaza estas multas y critica a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana por permitir que estas lleguen a los agricultores. “En un momento de crisis tan grave como la que padece el campo, las autoridades deberían ser más sensibles con la problemática de los agricultores y no ensañarse aún más con ellos con unas multas totalmente injustificadas”, indica.

LA UNIÓ critica la actitud de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, por no frenar estas sanciones en una protesta que contaba con todos los permisos oportunos. “Hay que tener en cuenta que los agricultores lo único que han hecho es expresar su malestar de forma pacífica a las calles y carreteras, con el apoyo masivo además de la ciudadanía, debido a la situación de hartazgo en la que se encuentran. No entendemos esta persecución cuando se contaba además con la correspondiente autorización. Parece que en este país se deja actuar a los que se manifiestan sin permisos y se persigue a los que cuentan con la preceptiva autorización para ejercer el libre derecho de manifestación”, señala LA UNIÓ.