La inversión de la pirámide poblacional en los países de Europa indica que el envejecimiento de la población y el descenso radical de las tasas de natalidad están determinando la vida social y económica de las sociedades del viejo mundo. Esto es irreversible en el corto y medio plazo, como demuestran los índices de productividad económica, la crisis de las pensiones y la viabilidad del Estado Social. Si decrece la población activa y aumenta la pasiva no hay modo de sufragar el gasto social.

En el Informe anual del Banco de España se establece que para 2053 España necesita 25 millones de extranjeros en edad de trabajar. Pero conviene matizar, y es importante, que la llegada a España de personas procedentes de otros lugares del mundo con capacidad real de trabajar supone, en primer lugar, su incorporación a la sociedad española, y, en segundo lugar, y como consecuencia de lo primero, su contribución al bien común del país. Eso pasa, no solo por contratar, sino por habilitar mecanismos legales que permitan la inclusión, la formación profesional, la existencia de viviendas y políticas de integración sociocultural que generen estabilidad y cohesión social. En todo caso, estos datos manifiestan el realismo y el sentido de justicia de la ILP para la regularización de personas inmigrantes que se debate actualmente en el Congreso.

Por otra parte, el Gobierno de España, el de hoy y el de mañana, debería dejar de sentir vergüenza por fomentar la natalidad, favorecer la estabilidad familiar y contar con las familias como agentes sociales.