La Asociación de Afectados del Parque Nacional de Cabañeros ha señalado que es "imperativo" que el traspaso a la Comunidad Autónoma vaya acompañado de un plan para gestionar el parque y así dar cumplimiento a los dispuesto en la normativa vigente, tanto en términos administrativos como en la implementación de políticas efectivas que respondan a las "urgentes necesidades" de conservación.

Así se ha manifestado en repsuesta a la entrevista concedida a Europa Press por la consejera de Desarrollo Sostenible en la que afirmaba poder llevar a cabo la transfrencia del parque durante esta legislatura.

"Estamos de acuerdo con la consejera en la necesidad de traspasar las competencias en materia de parques nacionales del Estado a la Comunidad Autónoma para una correcta gestión y conservación del ecosistema de Cabañeros", apunta para agregar que "el grave deterioro" del parque ha alcanzado "niveles insostenibles, lo que ha generado una situación de alerta medioambiental reconocida tanto por la propia Administración española, como por informes técnicos de diverso ámbito".

Bajo sup punto de vista, la "dramática situación" que sufre el Parque Nacional de Cabañeros se debe a la ausencia práctica de un plan de control poblacional que garantice una correcta conservación de su ecosistema, así como a la falta de un acuerdo indemnizatorio con los propietarios de las fincas privadas, tal y como establece la propia Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.

Así, añade que el Plan de Gestión de Ungulados Silvestres del Parque Nacional de Cabañeros, publicado con fecha de con fecha de 14 de junio de 2023, "carece de cualquier efecto práctico en la parte privada del parque, puesto que exige para su aplicación la previa celebración de acuerdos entre la Administración y los titulares de derechos afectados que hasta la fecha no se han producido".

La Asociación de Afectados del Parque Nacional de Cabañeros está dispuesta a llegar a un acuerdo consistente en una gestión compartida que asegure la conservación de un espacio protegido único tanto para la región como para España.

Recuerda que en 2023, el Patronato del parque --con fundamento en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)-- dio luz verde al control poblacional, pero solo en la parte de monte público del espacio protegido. "Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes para mantener las poblaciones en un nivel manejable, según los objetivos establecidos en el PRUG".

El Parque Nacional de Cabañeros está conformado por una parte estatal, el 58% de su superficie, y por fincas privadas, que están situadas dentro del límite y suponen el 42% restante de la superficie del mismo.

"El abandono de las fincas privadas incluidas en el Parque Nacional de Cabañeros se debe a que, desde la expiración el 5 de diciembre de 2020 del plazo de 6 años establecido en la Disposición Adicional séptima de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, se ha venido impidiendo por la Administración castellanomanchega la realización de cualquier actuación cinegética de control, por considerar que estas actuaciones son incompatibles con los parques nacionales", subraya.

Este hecho, concluye, ha producido que las poblaciones de ungulados de estos territorios se hayan disparado sin control hasta niveles que hacen inviable la conservación de estos espacios protegidos. "Hasta la fecha, no se han concretado acuerdos efectivos que permitan una gestión sostenible y respetuosa del Parque Nacional de Cabañeros".

"La falta de acuerdos priva de eficacia al Plan de Gestión de Ungulados Silvestres vigente, lo que unido a la falta de una estrategia de la Administración ha contribuido a un grave deterioro del ecosistema de Cabañeros que afecta de forma preocupante tanto a la flora como a la fauna", ha concluido.