La Junta de Castilla y León ha exigido al Ministerio del Interior que se reconozca como víctimas del terrorismo a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que en octubre de 2019 fueron agredidos en Cataluña durante los disturbios ocurridos con motivo de la sentencia del 'procés'.

Tras la sentencia, que el Tribunal Supremo publicó a mediados de octubre de 2019, se produjeron "múltiples atentados contra las fuerzas del orden por grupos radicales nacionalistas, resultando heridos decenas de agentes" y "viéndose obligados a retirarse del servicio activo varios de ellos como consecuencia de los daños y secuelas padecidos por la acción criminal".

El ejecutivo autonómico, a través de una nota emitida este sábado, también recuerda que esos presuntos delitos "se juzgan en la Audiencia Nacional y pueden verse afectados por la Ley de Amnistía", de hecho, "los procesados, integrantes de los conocidos como CDR, han solicitado la anulación de la causa como futuros beneficiarios de la norma en tramitación".

"De prosperar, no sólo quedarían impunes sus crímenes sino que podría impedirse el reconocimiento de los policías y guardias civiles como víctimas del terrorismo, privándoles del acceso a las medidas de protección e indemnizaciones a las que tienen derecho, así como a los actos de reconocimiento y homenaje por su servicio", afirma Jesús Enríquez, comisionado para las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León.

El comisionado autonómico también ha solicitado al Ministerio de Interior datos sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, con el fin de "evitar la impunidad de los 379 crímenes sin juzgar de la organización terrorista ETA, que costaron la vida a setenta castellanos y leoneses", ha recordado.

En la misma línea, ha solicitado la "equiparación de indemnizaciones" para los damnificados por terrorismo, ya que en su opinión "se vienen arrastrando situaciones discriminatorias" entre personas que, con el mismo daño, "han recibido distinto resarcimiento en función de si hubo o no sentencia para el reconocimiento de la responsabilidad civil derivada de los delitos padecidos".

Para agilizar estas y otras cuestiones relacionadas con el terrorismo, Castilla y León ha propuesto la creación de una base de datos unificada de ámbito nacional sobre víctimas, compartida entre todas las comunidades autónomas.

El objetivo, concluye la nota, es el de "garantizar una atención integral y coordinada de todas las administraciones públicas, en favor de quienes han sufrido la violencia terrorista".