El guardia civil acusado de apropiarse de datos de un compañero para pedir préstamos y contratar líneas telefónicas, estafándole un total de 36.000 euros, ha afirmado que no sabe por qué le juzgan, que no conoce a la víctima y que está en tratamiento psicológico.

La Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado este martes el juicio a un guardia civil al que la Fiscalía acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil en concurso con un delito de estafa por los que pide 3 años de cárcel e inhabilitación para ser agente.

En sus conclusiones finales la Fiscalía ha añadido un delito de revelación de secretos por el que pide, además 15 meses de prisión y una multa de 5.400 euros y que indemnice a las empresas afectadas en la cantidad estafada.

Por su parte la abogada del procesado, que defiende su absolución o, en su defecto, que no pueda ser condenado por su estado mental, ha anunciado que recurrirá la celebración del juicio porque se ha vulnerado la tutela judicial efectiva, ya que el acusado no estaba en condiciones de declarar.

"No se por qué estoy aquí. No le conozco", ha respondido el acusado al ser preguntado sobre los hechos que se le atribuyen, en una breve declaración ante la Sala.

Ha precisado que en 2017, cuando supuestamente cometió el delito, tomaba medicación por un dolor en la rodilla y también estaba en tratamiento psicológico porque había perdido a un hijo, y por esto fue "una época muy mala de la vida" y él se refugió en los tranquilizantes.

Por su parte el guardia civil que denunció que había sido estafado por su compañero ha relatado que se dio cuenta de que alguien había pedido un préstamo en su nombre porque quiso pedir uno en Cofidis y se lo denegaron porque, le dijeron, ya tenía dos autorizados, de 15.000 euros y de 3.000 euros, que no había pagado.

Pensó que alguien podría haber introducido un virus en su ordenador, pero luego un compañero le puso una grabación en la que escuchó la voz del que era su compañero en el Ministerio de Educación solicitando un crédito en su nombre.

Ha precisado que en 2017 le comunicaron que le trasladaban a Mallorca y decidió comprar un piso allí, y por eso quiso pedir ese préstamo, pero se lo denegaron, al igual que le denegaron otros e incluso comprar nada a plazo desde ese momento. Esta situación no la pudo revertir, a pesar de la denuncia, hasta 2023.

Ha reconocido que él había dejado su ordenador personal, con datos sobre el préstamos que quería pedir, como nóminas o declaraciones de la renta, en su lugar de trabajo, abierto y sin contraseña, pero nunca dio permiso a ningún compañero para usar esos datos.

La acusación particular solicita 4 años de cárcel y 5 de inhabilitación por cuatro delitos: estafa agravada, abuso de especial relación, falsedad documental y revelación de secretos.