El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha transmitido su intención de que el próximo 9 de mayo decaiga finalmente el segundo decreto de estado de alarma que se ha impuesto en España tras la llegada de la pandemia de coronavirus. Un anuncio que ha reavivado la confrontación entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que temen quedarse sin ningún tipo de cobertura legal para poder afrontar un escenario sin el estado de alarma nacional.

La inquietud se extiende a todas las regiones del territorio, que ya han comenzado a estudiar las posibilidades que tienen sobre la mesa para validar nuevas medidas o aplicar restricciones con el visto bueno de la justicia.

¿Hay que preocuparse por el fin del estado de alarma?

El sábado 14 de marzo del año 2020, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hizo una comparecencia en la que anunciaba el decreto del primer estado de alarma ante la creciente curva de contagios y fallecidos. Las consecuencias posteriores durante las semanas siguientes fueron devastadoras. No fue hasta el 21 de junio, tres meses después, tras una confusa desescalada, finalizó dicho estado de alarma.

Aquel día España tenía un total de 246.272 casos positivos y 28.323 fallecidos a causa del virus. Por aquel entonces, la incidencia acumulada era de 8,08 casos por 100.000 habitantes pero recordamos que esta última cifra no debería considerarse como real, ya que por aquel entonces el número de pruebas diagnósticas que se realizaban era mucho menor.

Desde aquel día la curva había comenzado a descender, lo cual nos permitió vivir una temporada estival relativamente tranquila. No obstante, aquella tranquilidad no duraría mucho tiempo. Desde mediados de agosto, si bien lo hizo de forma paulatina, la curva comenzó a ascender para dar paso a una segunda ola, que ha terminado fusionándose con la tercera. Ante el nuevo incremento de contagios y de fallecidos, Pedro Sánchez decretó un segundo estado de alarma el domingo 25 de octubre. Un decreto que estaría en vigor, en principio, hasta el 9 de mayo.

El primer informe del Ministerio de Sanidad que se publicó tras el segundo estado de alarma, el lunes 26 de octubre, España sumaba ya 1.098.320 personas afectadas por el virus y 35.031 fallecidos. La incidencia se había elevado hasta los 410 casos por 100.000 habitantes. En otras palabras, desde que decayó el primer estado de alarma hasta que se decretó el segundo, España sumó 852.048 nuevos positivos y 6.708 fallecidos más.

Por otro lado, y si nos fijamos en los datos que se han registrado desde aquel día hasta los últimos que hemos conocido hoy, España tiene ya más de 3.336.637 casos totales desde que comenzó la pandemia y 76.179 fallecidos, con una incidencia al alza que ya se sitúa en los 172 casos por 100.000 habitantes. Para traducir estos datos, podría decirse que España ha sumado 2.238.317 nuevos casos y 41.148 fallecidos desde entonces.

No obstante, la última esperanza con la que España está trabajano ahora es el avance de la vacunación. Este jueves, nuestro país el récord histórico de dosis inoculadas y el presidente del Gobierno mantiene que el 70 por ciento de la población podría estar vacunada a finales del mes de agosto. Recordamos que hasta finales del pasado mes de diciembre, la vacuna no llegó a España. Ahora, y frente al fin del estado de alarma, la vacunación masiva que se está llevando a cabo en cientos de puntos de todo el país es la última barrera que podría evitar una cuarta ola con consecuencias severas en nuestro país.

El temor de las comunidades autónomas tras el 9 de mayo

La vicepresidenta segunda del Gobierno,Carmen Calvo, defendió ayer el fin del segundo estado de alarma y alegó que no podía considerarse un mecanismo excepcional que durara de forma permanente. "Tenemos una legislación sanitaria que nos permite muchas respuestas, no hay que modificar ninguna legislación, no hay que añadir nada para afrontar el día 10 de mayo, tenemos instrumentos ordinarios que a cada paso que vayamos dando y a cada situación que se vaya presentando, se puedan resolver", aseguró Carmen Calvo. Una premisa que defendió el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien aseguró que "no se puede vivir eternamente en un estado de excepcionalidad".

En este sentido, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, no se opone a que decaiga el estado de alarma pero sí lo hace a que se finalice "sin un plan jurídico, ley o herramienta que permita a las comunidades autónomas tomar medidas".

No obstante, las comunidades autónomas ya han mostrado su preocupación ante el fin de este estado de alarma. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado partidario de prorrogar el estado de alarma un mes más, al menos, hasta junio. "Tendremos menos instrumentos para luchar contra un posible rebrote", ha asegurado Moreno. Una preocupación que también comparte con Castilla y León. En ambas creen que esto podría dejar caer un "instrumento" muy importante. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado una convocatoria urgente de una conferencia de presidentes para abordar la situación.

Por su parte, desde Aragón están analizando si será necesario prorrogar las restricciones que están actualmente en vigor. No obstante, sobre el fin del actual estado de alarma el próximo 9 de mayo, la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha asegurado que las comunidades autónomas tienen las herramientas adecuadas para actuar y que, en el caso de Aragón, hay una ley para poder establecer los confinamientos perimetrales pertinentes o limitar los aforos en función de cómo evolucione la pandemia. Si bien es cierto que el toque de queda, a su juicio, es jurisdicción del Estado, el Gobierno aragonés puede tomar las medidas necesarias en el caso de que haya que ampliar las medidas.

Algo similar a lo que ha defendido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha defendido que pedirán a la justicia que "avale las medidas" que se están tomando hasta el momento.