En la zona de Zamoray y Pignatelli hay 20 edificios complemente okupados ilegalmente y otros dos también tienen varias de sus viviendas, entre 4 y 6, okupadas. En estos pisos, afirman los vecinos, se producen todo tipo de hechos delictivos. Además, hay enganches ilegales a la luz que han provocado ya 3 incendios.

Algunos edificios han sido expropiados por el Ayuntamiento, como el de la Calle Agustina de Aragón número 6 pero en apenas una semana ya ha sido reokupado. Los vecinos afirman que el plan contra la okupación del Ayuntamiento va demasiado lento y de momento, no está siendo todo lo efectivo que se esperaba.

Ante ello, el Gobierno de Aragón también toma cartas en el asunto poniendo en marcha una Oficina contra la Okupación Ilegal. "Hay una cosa que quiero dejar clara. Aquí no hay familias vulnerables. Estamos hablando de bandas y delicuentes que viven de la extorsión y el robo. Son delincuentes que deben ser juzgados, desalojados y puestos a disposición judicial. A esta gentuza se le va a acabar el chollo. Si VOX llegase a gobernar, patada en el culo a los okupas y desahucio exprés en 24 horas", ha afirmado el vicepresidente del ejecutivo autonomico, Alejandro Nolasco.

Los vecinos piden soluciones a las administraciones

El portavoz de los vecinos afectados en la zona de Zamoray - Pignatelli, Javier Magen, matizaba las palabras de Nolasco en contra de la okupación y pedía a las administraciones que se involucren en los casos de familias que no encuentran otra vía para tener un techo bajo el que vivir: "No estamos en contra de toda la okupación ilegal. Estamos en contra de la okupación ilegal llevada a cabo por delincuentes. El problema de la okupación en familias vulnerables es que no tienen una alternativa habitacional en Zaragoza para todos los afectados. Se ven abocados a la okupación. Las administraciones no se han preocupado de buscarles una alternativa de vivienda".

Esta oficina contra la okupación ilegal del Gobierno aragonés se encargará de informar y acompañar a los vecinos afectados. Estará en marcha en el mes de junio. Es un primer paso, afirman desde el ejecutivo, para luchar contra la okupación ilegal que en 2023 creció casi un 9% en Aragón con, afirman desde VOX, unas 450 okupaciones anuales.