El empresario Miguel Ángel Ramírez ha pasado por los micrófonos de Herrera en Canarias para valorar la sentencia que le absolvía de los delitos de fraude fiscal a Hacienda, por el que se le pedían 21 años de cárcel y 105 millones de euros de multa. Confesaba su sorpresa por haber tenido que estar pendiente hasta 10 años de una acusación que no se correspondía con la realidad.

Valoraba el que haya podido argumentar su defensa, a pesar de la campaña en su contra y desmontar la imagen que se ha dado de él porque, tal y como explicaba “cuando se imputan estos delitos, en 2014,15 y 16, pagaba más de 80 millones de euros en impuestos, Seguridad Social y Hacienda, y, sin embargo, se ha vendido lo contrario, que yo era un empresario que daba trabajo a 7.000 trabajadores y no pagaba impuestos, ni su Seguridad Social ni lo demás, y se ha acreditado que esto era incierto”.

En este caso, destacaba que no era una práctica en sus empresas pagar horas extras como dietas. Reconocía que se pudo producir de forma puntual en algunos casos, pero nunca una forma de proceder habitual, por lo que “sería imposible que se cometiera un delito. Yo en una empresa con más de 7.000 trabajadores no sé si alguien cobro así, pero esto no era una práctica habitual y por tanto imposible que cometiera un delito. Puede haber errores e incluso connivencia entre trabajadores y empleadores de forma ocasional, pero esta no era nuestra manera de trabajar”.

Voto particular de la magistrada Mónica Herreros

La sentencia salía adelante con los votos a favor de los magistrados Miguel Ángel Parramón y Pedro Herrera, pero con el voto particular de la jueza Mónica Herreros, que se mostraba favorable a condenar tanto a Ramírez como a Héctor de Armas por los delitos fiscales y contra la Seguridad Social. En este caso, el empresario recuerda que ese voto es una opinión particular e incluso lo ve lógico, argumentando que el marido de la magistrada es inspector de Hacienda y ya había investigado las cuentas del grupo Ralons. En aquel momento, señala, tuvo que retirar su acusación en el juzgado de instrucción número 3 de Las Palmas porque se demostró que las cuentas estaban mal hechas.

Preguntado sobre si el voto de la magistrada pudo estar condicionado por su marido aseguraba textualmente que “no voy a decir que su voto esté condicionado por su marido, pero cuando menos es sorprendente que su marido, inspector de hacienda, me haya investigado, tuviera que retirar la acusación y durante el juicio, la magistrada haya tenido que interrogar a jefes de su esposo”.

Destacaba además cómo la Fiscalía, antes de empezar el juicio, recusó a la magistrada y su abogado no apoyó esta decisión. “Lo que yo quería es que se me juzgara de una vez y que no se retrasara más por ningún medio, que llevábamos ya 10 años con este tema. Mi abogado pensaba que esto no era problema”.

Durante la charla en Herrera en Canarias, Ramírez explicó que la acusación de delitos vinculados al 2009 se anuló porque la Agencia Tributaria no hizo las cuentas correctamente. No tuvo en cuenta el derecho de los trabajadores a dietas y kilometraje en su estudio, pero en el juicio sí que lo reconoció, ante lo cual el jurado se preguntó por qué razón el organismo no había descontado esa cantidad del supuesto fraude del que le acusaba. “Para que te puedan condenar, la cuota tiene que ser exacta, no a boleo, no a trazo gordo, y por no ser exacta, los delitos de 2009 se los tiraron para abajo”, explicaba el empresario.

También destacaba que ahora se ha reconocido que no cometió los delitos que le imputaban y que motivaron una orden de busca y captura sin haber siquiera haber sido citado por el juzgado. Recordaba cómo se encontraba en Miami y tuvo que alquilar un avión privado para venir a Las Palmas y responder ante la justicia.

Daño a la UD Las Palmas y a su actividad empresarial

El empresario señalaba también que la causa ha perjudicado a la UD Las Palmas porque “siempre que se hablaba de petición de cárcel o de estar imputado, jamás se decía "Miguel Ángel Ramírez a secas", sino "al presidente de la UD se le pide cárcel", por un tema o por otro. Así se daña la imagen del club, que no tiene que ver conmigo en ese aspecto y nunca ha estado en un proceso judicial”. Justificaba de esta manera que ayer se utilizaran las redes sociales del club para distribuir un vídeo en el que valoraba la sentencia, enfatizando que el equipo no tenía que ver con esto.

Y destacaba además el daño empresarial con la perdida de un contrato de seguridad y limpieza en un banco de Miami, donde empleaba a 100 personas, después de que se le pusiera una fianza de 35 millones de euros. En 24 horas se canceló el contrato, le cancelaron las cuentas y le quitaron el contrato.

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“Cuando la justicia te reclama 35 millones, es porque, a priori, alguna razón tendrá. Esto implica que la banca te corte el crédito”, dice Ramírez, que recuerda que su grupo facturaba 300 millones de euros y dependía del crédito financiero para cubrir los meses de diferencia entre el servicio efectuado en los contratos y el cobro del mismo.

Cree que si el caso no hubiera existido, Seguridad Integral Canaria estaría en el top 3 de las empresas de seguridad de nuestro país: “Que un chico de Tamaraceite empezara a coger servicios en la península, esto no sentó nada bien y sucedió lo que sucedió”.

Caso Damco

Preguntado sobre su investigación en la compra de mascarillas en la pandemia, dentro del caso Damco, asegura que todo quedará en lo mismo, “porque es mentira, yo no le vendí una mascarilla al Gobierno de Canarias”. Explicaba que el papel de su empresa fue intermediar en la venta de material de otra sociedad al Gobierno canario, verificando que llegase toda la mercancía adquirida.

En este caso, destacaba que “mi empresa declaró todos sus beneficios y Hacienda entiende que esa empresa no tiene actividad y que ese beneficio que se declaró, era yo quien tendría que haberlo declarado personalmente. Aseguraba que durante la investigación, acreditarán que la empresa tenía motivos y normativa para hacer las cosas como se hicieron.