El juicio contra los dos conductores involucrados en el accidente mortal ocurrido en febrero de 2023 en la calle Castelar de Santander, en el que murió un joven motorista de 19 años, comienza este lunes, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria. La vista oral, por delitos de homicidio y conducción temeraria, comenzará con la constitución del jurado y los informes previos, y se celebrará hasta el próximo día 13, con la entrega del objeto del veredicto. El interrogatorio a los procesados está previsto el martes 7.

El fiscal solicita para el principal encausado, autor material del atropello y que conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas, catorce años de cárcel por homicidio en concurso con varios delitos más, mientras que el segundo, que quedó en libertad bajo fianza, se enfrenta a cuatro años y medio por conducción temeraria.

CARRERA A GRAN VELOCIDAD

Los hechos tuvieron lugar sobre las diez de la noche del 3 de febrero de 2023, cuando los dos conductores se encontraron con sus respectivos vehículos en el semáforo frente a la estación del ferry de Santander y "nada más ponerse en verde" iniciaron "una carrera" que discurrió hasta la calle Castelar.

Durante ese "pique", ambos automovilistas condujeron a una velocidad "muy superior" a la permitida, de hasta 136,85 kilómetros por hora en una zona limitada a 40 km/h, y cambiando de carril, llegando uno de ellos a circular por el carril-bus.

Al salir de la rotonda de Puerto Chico, el principal investigado, B. B., de 26 años, colisionó contra la mediana que separa los carriles de ambas direcciones, perdió el control de su vehículo (un Audi), circuló por encima de la mediana e invadió el carril contrario, por el que iba la víctima con su moto.

Chocó violentamente y de manera frontal con el ciclomotor, que salió despedido, lo que provocó la muerte inmediata del motorista, Bret Elorza. Mientras, el vehículo continuó su desplazamiento, volviendo a rebasar la mediana hasta acabar en el carril derecho a más de 60 metros del lugar del impacto.

El informe pericial de la Guardia Civil de Tráfico concluyó que en el momento del impacto B.B. circulaba a casi el doble de la velocidad permitida en esa vía, que es de 50 kilómetros por hora. Además, dio positivo en alcohol y drogas.

En el caso del otro conductor, el informe fijaba en 114 kilómetros hora la velocidad a la que conducía su vehículo, un Volkswagen Golf, antes de frenar de emergencia. También en su caso dio positivo en varias sustancias estupefacientes.

HASTA CATORCE AÑOS DE CÁRCEL

En su escrito, el fiscal solicita catorce años de prisión a este conductor por cuatro delitos: homicidio en concurso con conducción temeraria con manifiesto desprecio a la vida, a velocidad excesiva -superior en 60 kilómetros por hora en vía urbana- y bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes.

Además de la pena privativa de libertad a este procesado, en el que concurre la agravante de reincidencia en el delito de conducción excesiva, la acusación pública también reclama la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante diez años, que supone la pérdida definitiva del permiso.

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En concepto de responsabilidad civil, considera que él debe indemnizar a la familia del fallecido con 301.400 euros.

Y para el otro encausado, la Fiscalía solicita cuatro años y medio de cárcel por un delito de conducción temeraria en concurso con otro por circular a velocidad excesiva y uno más por hacerlo bajo la influencia de drogas o estupefacientes.

Asimismo, pide su inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena y, también, la privación del derecho a conducir durante diez años, lo que igualmente conlleva la pérdida del carné.

Por su parte, la acusación particular que ejerce la familia del fallecido, considera que ambos conductores son autores del delito de homicidio en concurso con el delito de conducción con manifiesto deprecio a la vida de los demás.

Para el que colisionó con el ciclomotor, solicita una pena de 13 años y ocho meses de prisión, así como 3.240 euros de multa y ocho años de privación del derecho a conducir, al considerar que concurre en él la agravante de reincidencia. Para el otro conductor, la acusación particular pide una pena de doce años y cinco meses de prisión, así como la misma multa y el mismo periodo de privación del derecho a conducir.

En concepto de responsabilidad civil, solicita que ambos indemnicen a la familia en 343.000 euros.