Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaron al expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana y sus colaboradores han descrito este miércoles en el juicio del caso Erial cómo supuestamente gestionó en la sombra los fondos procedentes de las comisiones ilícitas obtenidas por la privatización de las ITV valencianas.

Según han explicado estos agentes, Zaplana disponía de bienes titulados por empresas constituidas con aquellos fondos, tenía capacidad de decisión sobre las inversiones en España de estas firmas y sobre concretas operaciones inmobiliarias, a pesar de no constar como administrador ni responsable en ningún caso.

En una conversación telefónica intervenida al testaferro confeso de Zaplana, Joaquín Barceló, los agentes supieron que había recibido una oferta por una parcela hotelera. "Pero no dio ninguna respuesta, dijo que la tenía que aceptar otro socio al que no nombra. Después se desplazó hasta La Fe, donde estaba Zaplana, y ahí se produjo una nueva llamada donde da su conformidad a la oferta".

La octava sesión del juicio a Eduardo Zaplana por supuestas "mordidas" en la adjudicación de las ITV valencianas y parques eólicos se ha iniciado con la declaración de tres agentes de la UCO, que han comparecido al mismo tiempo en calidad de peritos, como pedía el fiscal, pero con la oposición de las defensas.

Este grupo de investigadores ha podido constatar que el fallecido Juan Cotino, cuando ocupaba el cargo de director general de la Policía, llevó en mano más de 600.000 euros a Luxemburgo para la constitución de dos sociedades, Imison y Fenix, en las que la empresa Sedesa (de la familia Cotino) depositó 11,2 millones de euros.

Ambas empresas se constituyeron con aportaciones en efectivo y fueron gestionadas de forma fiduciaria, según han detallado estos agentes, por Beatriz García Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa.

Tras varios movimientos empresariales que se abordan en el consejo de administración de Sedesa y con la participación directa de Juan Cotino, las firmas luxemburguesas acaban participando de forma directa las concesiones de las ITV y los parques eólicos.

"Juan Cotino nunca fue ajeno a la actividad de la empresa, juega un papel fundamental, es la persona que viaja a Luxemburgo y entrega el dinero en efectivo para constituir las sociedades y participa en los consejos donde se realizan movimientos de capital", han asegurado.

Los investigadores de la UCO han informado al tribunal de que tras los principales movimientos económicos se produjeron reuniones entre Cotino y Zaplana, tal y como se puede comprobar en las agendas del expresident.

"Lo relevante de las reuniones de Zaplana con Juan Cotino es que era el actor principal en cada momento. Se reunió con él el día en que se abrieron las propuestas del concurso de las ITV. También se reunió con Cotino y Luis Batalla (Lubasa) una semana después de la adjudicación. Tanto Sedesa como Lubasa fueron adjudicatarias".

Por su parte, Fernando Belhot, abogado uruguayo y uno de los testaferros del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana, también ha declarado en calidad de testigo, donde se ha ratificado este miércoles en la declaración que prestó en instrucción y ha asegurado que los fondos que gestionaba --supuestamente procedentes de comisiones ilegales-- eran del 'expresident'. También ha afirmado que éste era "muy cuidadoso" y "destruía los extractos de las cuentas que le daba para que no le vincularan con los activos".

Belhot, testigo clave de Fiscalía, ha explicado que conoció a Zaplana a principios del año 2009 a través de unos amigos "como persona de prestigio público" y éste le pidió una reunión por unas inversiones de un amigo suyo, Joaquín Barceló, conocido como 'Pachano'.

De esta forma se produjo un encuentro en el que estuvieron Belhot, Zaplana, Barceló y el exasesor fiscal del 'expresident' Juan Francisco Grau. Durante la reunión, Belhot les asesoró sobre la sociedad Imison, ubicada en Luxemburgo, y les ofreció una solución para lo que necesitaban. Les recomendó que fueran unas sociedades uruguayas las que realizaran la gestión del patrimonio. "Uruguay --ha explicado-- cumplía mejor sus requisitos: confidencialidad; país con uno de los secretos bancarios más fuertes del mundo y gran protección jurídica ante las inversiones".