El Gobierno presentó ayer su Plan de Respuesta sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, al hilo del Informe del Defensor del Pueblo sobre esta cuestión. La primera pregunta que surge es simple: ¿por qué tiene el Gobierno que entrar en esta materia? Por un lado, están los procesos judiciales que determinan las responsabilidades penales en cada caso. Por otra parte, la Iglesia ya está profundamente comprometida en reparar y acompañar a las víctimas, y está ultimando un plan de reparación integral que contempla también el resarcimiento económico, incluso en casos en que haya prescrito el delito, cuando exista certeza moral de un abuso. La Iglesia no quiere que el Ejecutivo asuma responsabilidades que solo a ella le competen y que está dispuesta a asumir, también en materia económica.

Los diversos informes convergen en que se han producido en torno a 1.500 víctimas en ámbitos eclesiales en los últimos 80 años. Por otra parte, el propio Ministerio del Interior detecta 8.300 menores víctimas de abusos sexuales sólo en 2022. ¿Qué pasa con esas víctimas? ¿No existen para el Ejecutivo? Cuando ayer le preguntaron al ministro Félix Bolaños sobre la razón por la que su plan se ciñe a quienes han sufrido abusos en ámbitos eclesiales, respondió que, en los años 50, 60 y 70, el problema estaba en la Iglesia Católica. ¿Sobre qué datos se funda esa insensata afirmación?

Como señaló en una nota la Conferencia Episcopal, no se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada diez víctimas de abusos sexuales en nuestro país. Es inaceptable un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas y que parte de un juicio condenatorio a toda la Iglesia, basado en prejuicios sectarios. Lo que tiene que hacer el Gobierno es abordar la totalidad de este drama social desde el respeto a la verdad y al principio de legalidad. Como dijo el presidente de la CEE, Luis Argüello, “ahí nos encontraremos”.