Turismo y Canarias no siempre van de la mano. 10 años después de la Ley de renovación y modernización turística de Canarias de 2013, los problemas entre los propietarios de apartamentos en zonas muy turísticas de Gran Canaria y Tenerife y las patronales van por mal camino.

Los propietarios de viviendas en zonas como la Playa del Inglés o Maspalomas no entienden por qué no pueden hacer el uso que quieran con sus apartamentos que compraron hace bastantes años.

Por esta ley, todos aquellos propietarios de esos apartamentos no pueden vivir en ellos como primera vivienda, porque según esta ley autonómica sus apartamentos, al estar dentro de complejos turísticos, tienen que destinarse a tal fin; pero tampoco pueden explotarlos turísticamente. Según una ley anterior, de 1995, la explotación debe ser llevada a cabo por una única figura: la del explotador turístico.

Una situación que explica que en los últimos meses se hayan iniciado cerca de 800 expedientes sancionadores para multar a estos propietarios: bien a los que viven allí o bien a los que lo alquilan sin entregarlo al operador turístico del complejo. Y las multas que han llegado son de 3.000 euros, a aquellas personas que no cumplen con estos requisitos.

“Estrangulan al propietario”

Maribe Doneste es una de las afectadas y presidenta de la Plataforma Afectados por la Ley Turística, que compro su casa entre el año 1992-1993,y confiesa en 'Mediodía en COPE' que en el momento de adquirir su vivienda en ningún momento nadie le dijo que no podría vivir en ella.

Explica que con la nueva ley de 2013, “40-50 años después”, subraya, “nos vemos obligados a destinar nuestro apartamento a la explotación turística” pero han de hacerlo “a través de un único explotador”.

Culpa esta afectada canaria a los lobbies turísticos y los turoperadores que “no quieren competencia, no quieren que vivamos allí y quieren quedarse con todo el pastel”.

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Asegura Maribe que “con esta normativa estrangulan al propietario” al que dejan desprovisto de “patrimonio y de su casa”, con el agravante de la que la única opción que tienen es “dársela al explotador que te dará lo que considere porque no hay competencia”.

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Propietarios de apartamentos de Gran Canaria acusan a explotadores turísticos de "ordeñar la vaca" https://t.co/FEW3y2yT5i

— COPE Canarias (@CopeCanarias) April 3, 2024

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210 euros anuales vs 150 al día por el alquiler

Según vamos conociendo más datos sobre esta 'singular' normativa, cada vez se nos hace más difícil comprender y entender la situación que atraviesan los miles de propietarios de estas viviendas.

Como bien nos está relatando Maribe, no se trata única y exclusivamente de que no puedas vivir en tu casa, sino que ni tan siquiera puedes alquilarla, lotines quehacer a través de la figura del explotado.

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?? Víctor e Isora, activistas que amenazan con una huelga de hambre por la presión turística en Canarias: “No vamos de farol, esto va en serio”. ??

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— COPE Canarias (@CopeCanarias) April 3, 2024

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Un explotador que como destaca Maribe “te da unos 200 euros al mes, mientras que él alquila ese apartamento o incluso una habitación por 150-160 euros al mes”.

Vender la casa: ¿la solución para salir de esta situación?

Llegados a este punto, los propietarios buscan distintas maneras para poder salir de esta trágica situación en la que se ha convertido el que un día fue el sueño y la ilusión de su vida.

Tal es la angustia que tienen que una de las soluciones que creen que podría ayudarse sería vender la casa. Solución que la presidenta de la Plataforma Afectados por la Ley Turística aborta al asegurar que nadie la compraría.

Es más, muestra su más absoluta formalidad al manifestar que “quién me va a comprar una casa en la que no pude vivir, ni poner un pie en ella; no puede alquilar y se lo tiene que dar al explotador que le pagará lo que quiera porque no hay otra alternativa”.

“Ni aunque lo venda por 15.000 euros”, confirma que nadie comprará esa casa que “es el dinero de mi vida, los ahorros de mis padres, el esfuerzo de toda una vida trabajando”.

Denuncia, además, que de esta manera “se empobrece mucho más a la sociedad canaria, que está en un 35% de riesgo de exclusión social”, concluye.