El pasado mes de diciembre los Gobiernos de Ruanda y el Reino Unido firmaron un documento con el que cerraban las negociaciones para trasladar a Ruanda a todos los emigrantes que llegaran al Reino Unido de manera ilegal. El Gobierno ruandés se compromete por escrito a no deportarles, al tiempo que se ha arbitrado un Tribunal conjunto encargado de garantizar la seguridad de los emigrantes mientras se decide sobre sus peticiones de asilo. El Parlamento británico ha votado a favor de este Acuerdo hace poco más de una semana, dando luz verde a este problemático traslado.

Mientras, Naciones Unidas alerta de una medida que lesiona derechos humanos y el Gobierno irlandés ha comenzado a dar pasos para aprobar una Ley que permita devolver al Reino Unido a todos los emigrantes que lleguen a Irlanda escapando de las deportaciones. A las tensiones entre Dublín y Londres se han sumado, a última hora, las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno de Ruanda A cambio de emigrantes, Gran Bretaña debe entregar a cinco criminales implicados en el Genocidio de 1994.

Cuando Boris Johnson ideó esta medida buscaba un instrumento legal con efectos disuasorios. Su sucesor, Rishi Sunak, reconoce que esta es la razón última del Acuerdo. La implantación de la medida no será tan sencilla como pretende el Gobierno, pero, mientras se alargan las batallas legales, Gran Bretaña profundiza en su desvinculación europea sin importarle cuáles sean los efectos de sus políticas. El Brexit les permite, ha subrayado Sunak, no tener por qué aceptar devoluciones procedentes de países de la Unión.