En sus últimas intervenciones públicas Pedro Sánchez ha puesto en el punto de mira a los medios de comunicación que, según él, sirven a los intereses de la derecha y de la extrema derecha y son responsables de poner en funcionamiento la “máquina del fango”, con bulos y desinformación sistemática.

Aunque no ha ofrecido detalles de cuál es su plan concreto para intervenir en el sistema mediático, ha deslizado algunas propuestas como la de un control de la ley de publicidad institucional para que determinadas Comunidades Autónomas dejen de financiar, a través de anuncios institucionales, a algunos medios, y la posibilidad de presionar a los anunciantes para que no inserten publicidad, entre otras actuaciones. Ha barajado incluso la posibilidad de una ley de medios, que no sería aceptada en la Unión Europea.

Si hay un síntoma evidente de la degradación de la democracia es la pretensión de intervenir en el ejercicio de la libertad de información y expresión, un derecho de los ciudadanos y de los periodistas que se desarrolla a través de su trabajo en los medios. En España, en contra de lo que dice Pedro Sánchez, no existe el derecho a la difamación, sólo existe el derecho a la libertad de expresión.

La democracia española cuenta con suficientes mecanismos jurídicos para que quien sienta vulnerados sus derechos recurra a la justicia y a los ámbitos deontológicos en el periodismo. Intentar cerrar medios de comunicación mediante cualquier ejercicio de presión económica, política o de señalamiento a periodistas, implica un rasgo de autoritarismo impropio de una democracia plena.