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Celia Sierra
Miles de obras incautadas en la Guerra Civil y el franquismo permanecen en una treintena de museos españoles. El Museo del Prado es el primero en abrir una investigación y declarar su intención de devolver lo que no es suyo, pero la problemática es compleja y apunta a una herida sin cicatrizar.
Hay miles de obras que están donde no deberían estar. Es uno de los temas pendientes del franquismo, una herida que hay que solventar y cicatrizar. En eso estamos, apunta a Efe Arturo Colorado, responsable de la investigación que el Museo Prado ha puesto en marcha.
El catedrático de arte experto en patrimonio cultural y Guerra Civil ha contabilizado en la colección de la pinacoteca 62 obras incautadas durante la Guerra Civil y el franquismo, pero investiga si hay más. El resultado de su trabajo verá la luz a final de año.
LA COLECCIÓN PEDRO RICO
Dos de las obras de esta primera investigación pertenecen a la colección de arte de Pedro Rico, un exalcalde republicano madrileño, al que, una vez exiliado, le expropiaron los cuadros, su biblioteca y otras pertenencias. Había obras de Eugenio Lucas Villaamil, Ángel Lizcano y otros pintores del XIX, casi todo escenas populares.
Se han localizado 23 de las 25 obras, dos de ellas -se investiga si otra más- están en el Prado. Pero también se han encontrado en el Museo de Bellas Artes de Asturias, y en museos de Toledo, Valencia, Las Palmas y otras ciudades.
"Era un gran abogado, republicano, convencido, gran amante de Madrid", dice a Efe la nieta, Paquita Rico, que, junto con su hermano, son los únicos herederos vivos del político.
Supo de la colección de su abuelo por un artículo en la prensa hace poco y ya ha podido ver los cuadros que están en el Prado: "Se le vienen a uno encima muchas cosas -explica-. ¿Cómo es posible que esto haya sido así?, pero tenemos que adaptarnos", dice sin rencor.
"Es propiedad privada, que tienen que restituir", asegura.
La abogada de la familia, Laura Sánchez Gaona, de Caliope Art Law, subraya la colaboración del Ministerio de Cultura y los museos contactados en el proceso de localización de las obras. El caso, por suerte para los herederos, está muy documentado.
España, a diferencia de otros países como Francia, no cuenta con un "mecanismo ordenado y centralizado" para la devolución de obras expoliadas, pero las instituciones "poco a poco, están en ello", asegura.
EQUIPARABLE AL EXPOLIO NAZI
Para Arturo Colorado, que en 2019 dirigió en el Prado el congreso "Museo, guerra y posguerra", el caso español es equiparable al expolio nazi de las colecciones judías. En este caso de colecciones de arte de personas afines a la República a manos de las autoridades del Régimen.
Pocos días después del golpe militar, el Gobierno de la República crea la Junta del Tesoro Artístico (JTA) que se encarga de recoger y almacenar miles de obras de arte para protegerlas durante el conflicto. El proceso se documenta con informes y recibos.
Otras entidades como el sindicato CNT, la Agrupación Socialista Madrileña y otras entidades, hicieron una labor similar pero sin documentar.
En 1939, se instaura la dictadura y se usa parte de esa documentación para devolver las obras a sus dueños, pero también se entrega de forma irregular a otras instituciones: museos, iglesias o, incluso, particulares.
El equipo de investigación de Colorado ha inventariado 17.000 piezas incautadas, de las que 8.000 fueron entregadas a instituciones o particulares que no eran sus propietarios. Entre ellos, 33 museos españoles. Colorado está convencido de que hay "muchas más".
Las incautaciones continuaron tras el fin de la guerra. El régimen requisó obras, sobre todo de exiliados republicanos, y en ocasiones las repartió entre jerarcas del propio régimen, que aprovecharon la situación.
Los herederos de Pedro Rico han tenido suerte de que sus obras acabaran en museos, que las han custodiado hasta ahora, y seguramente, las devolverán. En el caso de los particulares todo es más complicado.
Es el caso de la colección de Carderera-Sicardo, propiedad del Coronel José Sicardo, del Ejercito Republicano y su mujer.
Su colección contaba con obras de Goya, Tiépolo, Sorolla, Velázquez y Van Dyck y, tras ser incautada por autoridades franquistas, se entregó a personalidades afines al régimen, como los marqueses de Falces, los condes del Valle y de Romanones o el General Fanjul.
La Ley de Memoria democrática, aprobada esta semana en el Senado, reconoce el "resarcimiento" de los bienes incautados y las sanciones económicas a las víctimas producidas durante la Guerra Civil y la dictadura. El Gobierno ha pactado con ERC la aprobación de un reglamento en el plazo de seis meses para la "restitución o compensación" a los partidos políticos de bienes y derechos incautados.
Este agosto, el Estado devolvió dos cuadros a los herederos de Ramón de la Sota, un naviero vasco al que el franquismo confiscó empresas y una colección de arte de 200 obras. Se trata de la primera restitución de obras de arte de la democracia.
El investigador es optimista: "La iniciativa del Prado abre un proceso que es imparable".