La AVT solicita la reapertura judicial del último atentado del comando Madrid del 2000

La Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT) pide la reapertura judicial del último crimen de ETA pendiente de resolver atribuible al comando Madrid del año 2000. Se trata del asesinato, el 30 de octubre de ese año en la capital de España, del magistrado del Tribunal Supremo José Francisco de Querol y Lombardero, su escolta, el policía nacional Jesús Escudero García, el chófer Armando Medina Sánchez y un conductor de la EMT, que falleció días después a consecuencia de las graves heridas, Jesús Sánchez Martínez.

La AVT, que cumple este jueves 40 años de existencia, solicita en un escrito a la Audiencia Nacional, conocido por Cope, la incorporación a la causa de “un plano de Madrid con marcas y anotaciones diversas efectuadas en distintas calles y lugares de esa ciudad” que fue intervenido por la policía francesa en un apartamento de Merignac el 2 de julio de 2009. En ese plano aparecerían marcados los lugares de la capital en los que el comando Madrid, en el que militaba la terrorista Ana Belén Egües y Aitor García Aliaga (detenidos un año después del atentado contra el magistrado y sus acompañantes) habría perpetrado sus acciones criminales. Además, se solicita que se incorpore “la autocrítica” que Egües dirigió a la dirección de la banda en la que daba cuenta de lo declarado ante la policía tras su detención.

La comunicación a la dirección etarra ya aparece en otras actuaciones de este mismo comando y fue incautada entre los papeles y documentos intervenidos al ex cabecilla etarra Juan Fernández Iradi, alias Susper. En ella admite haber señalado ante la policía a los etarras Gorka Palacios y Juan Luis Rubenach como autores del atentado del 30 de octubre. Luego no lo mantuvo en sede judicial bajo el pretexto de que fueron manifestaciones obtenidas mediante tortura. Con este documento la letrada Carmen Ladrón de Guevara, que firma el escrito, intenta demostrar que la autocrítica o cantada ratifica la declaración policial.

La AVT solicita así mismo al titular del Juzgado Central número 5 que interese informes policiales tanto de la Comisaría General de Información de la Policía como de la Unidad Central de Inteligencia de la Guardia Civil. Se quiere saber “si existe algún documento relevante en el archivo documental entregado por las autoridades francesas recientemente”.

Primero el atentado y después la burocracia

Jesús Escudero, hijo del agente de policía asesinado en aquel atentado en el que resultaron además heridas más de 60 personas, entre ellas una niña de 11 años o una mujer embarazada, reivindica ser “la mosca cojonera” de esta terrible historia: “El calvario empieza con el atentado pero continúa con la burocracia. Nadie se ha sentado en el banquillo ni ha pedido perdón. Nadie ha colaborado con la Justicia para poder celebrar ningún juicio.” Mientras los terroristas reivindican su derecho a estar más cerca de sus seres queridos, “nosotros -dice Juan José Escudero, hermano de Jesús- solo tenemos derecho a seguir releyendo el sumario cada día.”. El hijo de aquel policía asesinado rechaza esa “especie de tarifa plana de la Justicia (ya han sido condenados por otros atentados, no pueden cumplir mas de x años...) No, no. Yo quiero que se haga Justicia por la muerte de mi padre y por las demás víctimas.”

Eso sin entrar en el capítulo de las indemnizaciones: “En el año 2017 nos enteramos de que la Junta de Andalucía había sacado unos años antes unas indemnizaciones para las víctimas del terrorismo. -cuenta Jesús- Nadie nos comunicó nada, ni desde la Policía, ni desde Interior ni la oficina de atención a las victimas, ni la Junta... Presentamos la solicitud fuera de plazo y nos hemos quedado sin la ayuda.” El hijo mayor de aquel policía se pregunta: “ O sea que la administración gasta cientos de miles de euros en alertarnos sobre la ITV o en enviar propaganda electoral y ¿no podía haber enviado unas pocas cartas a las victimas del terrorismo informándoles de que había salido una ley para solicitar una indemnización? Se te queda cara de estúpido. Es indignante.

Precisamente el agente Jesús Escudero, afiliado al Sindicato Unificado de Policía, se trasladó de Granada a Madrid en el año 2000 en comisión de servicio para dar escolta, ya al borde de la jubilación, y conseguir un dinero extra con el que ayudar en los estudios a alguno de sus cuatro hijos. El primogénito, también Jesús, ya trabajaba en al capital de ingeniero. La mañana del atentado dejó a su padre poco antes de las 9 cerca del lugar del trabajo. Luego continuó hacia su oficina y pudo oír el estruendo del potente coche bomba. Casi desde el minuto uno lo tuvo “cristalino”: “Si aquello era un atentado, era mi padre.” Comenzó a hacer gestiones, a llamar a unos y otros y cuando ya se dirigía al lugar de la explosión porque todo cuadraba “recibí una llamada. Alguien me dijo al otro lado: soy Juan Cotino, director general de la Policía. Me senté en la acera y rompí a llorar. Estuve llorando allí como un niño chico. Cuando conseguí fuerzas llamé a mi madre para decirle que habíamos perdido a mi padre. Ahí empezó otra nueva vida”, concluye emocionado.

Justicia con el apoyo de la AVT

Veinte años después, Jesús, Juan José y el resto de familiares de aquella salvajada siguen buscando Justicia. LA AVT se ha convertido en un apoyo indispensable en esa tarea. Está personada en más de 200 procedimientos penales.

La abogada Carmen Ladrón de Guevara recuerda que es el único atentado del comando Madrid del 2000 que se encuentra sin resolver, aunque en 2015 se solicitó su reapertura y posteriormente volvió a cerrarse la investigación. La resolución judicial de los atentados pendientes es una prioridad para la AVT desde 2011, según la letrada. Con su impulso ya han sido resueltos 16 de estos casos, dentro de más de 300 que siguen buscando autor, y otros 100 han sido reabiertos. Entre ellos el que costó la vida en septiembre de 2002 al guardia civil Juan Carlos Beiro (padre de dos mellizos de 6 meses) e hirió a otros cuatro agentes en Leiza (Navarra).