Las escasas garantías en el procedimiento de detención ante el coronavirus

Cuando la policía detiene estos días a un ciudadano suele ser debido hay un delito de desobediencia grave, resistencia física e incluso atentado contra la autoridad. Entre el 70% y el 80% de esos arrestos se producen con fuerza, afirma Roberto, un liberado sindical del SUP en Ourense que ha pedido volver a la calle, al trabajo, durante la crisis del coronavirus. Y ya van más de 3267 detenciones desde el inicio del estado de alarma. “Vamos a lo que sale”, dice. Desde el heroinómano al que hay que acompañar a casa para identificarlo tras robar papel de plata en un supermercado al individuo que echa a correr al ver al policía: “Un individuo se dió a la fuga y, tras perseguirlo durante 300 metros, tuvimos que reducirlo. En ese momento no te da tiempo a pensar si esta contagiado o no. El riesgo es evidente, siempre existe.”

Identificar, detener, trasladar, huellar, tomar declaración... de poco sirve la recomendación de Interior de “mantener metro y medio o dos metros de distancia”. Son personal de alto riesgo aunque oficialmente no se les reconoce esa condición. Hay que echarle el guante al malo y a veces sin eso, sin guantes ni mascarillas. Ya van llegando algunas, otras las compran los propios policías e incluso las limpian con métodos artesanales (quitar la varilla que la ajusta a la nariz y calentarla durante 3 o 4 minutos en un micro hondas) para hacer lo que no se debe: reutilizarla. No hay más. “Lo recomienda en internet un empresario que las fabrica y parece que funciona”, dice el policía.

“Si una persona detenida presenta estos sintomas (fiebre, tos y dificultad respiratoria) -leemos en el Plan contra el COVID 19 de la Dirección General de la Policia- (…) se le facilitará una mascarilla quirúrgica y se procederá a su aislamiento en un colabozo individual”. En algunas Jefaturas existe lo que llaman un “calabozo sucio”, destinado a enfermos o sospechosos de serlo. La semana pasada dos individuos detenidos en Madrid como presuntos autores de hasta ocho robos en distintas farmacias de la capital aseguraron a los agentes, nada más producirse el arresto, que habían estado en contacto con personas que habían dado positivo al coronavirus. Según las fuentes consultadas se les aplicó el protocolo especial para estos casos.

“Las cajeras si, los abogados no”

Mientras que los policías interactúan fisicamente con los detenidos en las distintas fases del arresto, en medios policiales, sorprende y hasta indigna profundamente las medidas de prevención adoptadas de forma muy generalizada por los abogados a la hora de ejercer un derecho fundamental: la defensa letrada de los que se encuentran privados de libertad. Los abogados siguen asi las recomendaciones de sus respectivos tribunales superiores, emanantes de la resolución 30 de noviembre de 2020 del Ministerio de Justicia. Ejercen esa defensa por medios telemáticos, por teléfono e incluso en algunos casos por WhatsApp. No todas las comisarías disponen de sala de videoconferencia para llevar a cabo la pesquisa, por lo que es muy habitual la llamada telefónica al defendido para aconsejarle decir esto o lo otro o negarse a declarar. En casos menos graves también se evita la conducción de los arrestados ante el juez.

El abogado no sólo debe de mantener una entrevista personal con su cliente, debe de garantizar la no vulneración de sus derechos, el estado físico del arrestado, los delitos que se le imputan y las pruebas que los respaldan. Nos cuenta un comisario que en algún caso se les ha pedido que remitan al abogado por e-mail el atestado, cosa imposible puesto que se desvelaba el nombre de la victima (a proteger en ese momento) o el de otros detenidos, cuando estando bajo secreto el caso.

El conflicto de pareceres entre la parte policial y la letrada ha llegado al punto, según nos cuentan fuentes policiales en Madrid, de que algún detenido ha sido puesto en libertad ante la imposibilidad de que el arrestado tuviera garantizado su derecho a la defensa, algo que vicia gravemente cualquier intervención policial posterior. En Granada varios detenidos han sido ya puestos en libertad por el juez ante la imposibilidad de un procedimiento con garantías procesales por las deficiencias de los sistemas telemáticos. COPE ha sabido que ya se han presentado quejas ante los órganos colegiados de los abogados e incluso Fiscalía. Algún mando policial se pregunta indignado: “¿Por qué la cajera de un supermercado sí corre riesgos en el desempeño de su trabajo y un abogado, garante de un derecho tan importante como el de defensa, no?”