El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de Vox contra el voto delegado del expresidente Carles Puigdemont y del exconseller Lluís Puig, después de que la Mesa de Edad del Parlament lo permitiera en el pleno en el que se eligió a los miembros del órgano de la Cámara.

En una providencia, el TC ha dado diez días al Parlament para que le remita la documentación de las actuaciones del acuerdo verbal de la Mesa de Edad del Parlament, y también del que desestimó la reconsideración planteada por Vox contra el voto delegado.

La Mesa de Edad del pleno de constitución del Parlament, el pasado 10 de junio, encabezada por Agustí Colomines (JxCat), que con 66 años es el diputado mayor de la cámara, con el apoyo de Mar Besses (ERC); acordó aceptar que Puigdemont y Puig pudieran delegar su voto en el también diputado de JxCat Albert Batet.

El grupo parlamentario de Vox en Cataluña ha solicitado al TC que anule los acuerdos que permitieron a Puigdemont y Puig participar en la elección de la Mesa del Parlament, a través de la delegación, y que en consecuencia deje sin efecto sus votos, que no fueron determinantes en el resultado.

Vox se suma así al recurso del PP contra la decisión de la Mesa de Edad, que el TC admitió a trámite sin estimar la medida cautelarísima que pedía la suspensión del acuerdo adoptado, aunque abrió una pieza separada para tramitarla como cautelar, lo que supone recabar informes de las partes.

En su documento, Vox subraya que la sesión plenaria "tenía gran relevancia y trascendencia, dado que los diputados con su voto debían designar a los miembros que conformarían la Mesa del Parlament de Cataluña" durante la presente legislatura.

La formación subraya que el TC declaró inconstitucional en 2022 un acuerdo de la Mesa de la pasada legislatura para que admitiera la delegación del voto de Puig, en un "supuesto idéntico" al del pasado 10 de junio, y volvió a hacerlo de nuevo mes pasado al estimar un recurso interpuesto por el PSC-Units.

En el documento, el partido también subraya que la Constitución consagra "el principio del carácter personal e indelegable que ostentan los diputados y senadores en el ejercicio de su voto, que completa el desarrollo de las funciones representativas".

"En consecuencia, la delegación a terceros del ejercicio de su cargo, sin justificación extraordinaria, supone la destrucción absoluta del vínculo entre representantes y representados", argumenta la formación. EFE

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