El Cabildo de Tenerife destinará un total de 2,4 millones de euros al Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas durante 2024, según ha informado la consejera de Vivienda, Sonia Hernández, que ha explicado que este programa financia directamente a los ayuntamientos para que distribuyan partidas a aquellos propietarios que no dispongan de recursos económicos suficientes y cuyas viviendas no estén en condiciones mínimas de habitabilidad".

El Programa también tiene por objeto "la puesta en el mercado del alquiler de viviendas de titularidad municipal que no estén en condiciones de uso, de manera que el destinatario final de la ayuda podrá ser el propio ayuntamiento, cuando destinen el importe de la subvención (total o parcialmente) a financiar las obras que sean necesarias para poner en uso esas viviendas, siempre que el ayuntamiento asuma el compromiso de destinar las viviendas, por un periodo mínimo de 15 años al régimen de alquiler".

Sonia Hernández destacó que como novedad en esta edición que también serán subvencionables aquellas obras relacionadas con la mejora de la impermeabilización de cubiertas, así como los trabajos necesarios para la conexión de las aguas residuales domiciliarias a la red municipal y de saneamiento", una ampliación que calificó como "fundamental, teniendo en cuenta la situación de emergencia hídrica en la que nos encontramos, y que requiere de un compromiso transversal con la gestión eficiente del agua".

Las subvenciones se otorgan directamente a cada uno de los ayuntamientos de Tenerife que se adhieran al programa en el marco de la cooperación municipal, mientras que los destinatarios finales serán los propietarios individuales o comunidades de propietarios cuyas viviendas no estén en condiciones mínimas de habitabilidad y/o accesibilidad. La cuantía máxima por destinatario final asciende a 15.000 euros.

Hernández puso de relieve que el objetivo de esta convocatoria "es garantizar que, de forma gradual, la mayor parte de las viviendas de Tenerife cumplan con unas condiciones mínimas de habitabilidad", estableciendo como criterios preferentes para el reparto, tanto la situación socioeconómica del beneficiario, como el estado de conservación del inmueble.