Desde que ETA asesinó en 1983 al médico de la cárcel de El Puerto de Santamaría, Alfredo Jorge Suar Muro, los funcionarios de prisiones desarrollaron su labor bajo la amenaza de ETA y sufrieron otros seis atentados mortales. Un estudio recoge ahora por primera vez cómo vivieron durante las décadas siguientes hasta la desaparición de la banda terrorista.

"Informe sobre la injusticia padecida por el funcionariado de centros penitenciarios como consecuencia de la amenaza de ETA (1980-2011)" es el título de este informe, presentado este martes en San Sebastián y elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, por encargo de la Viceconsejería de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno Vasco.

Siete atentados mortales, dos frustrados y el secuestro de José Antonio Ortega Lara son la cara visible del padecimiento de los funcionarios de todas las prisiones españolas, cuya situación se analiza a lo largo de casi medio centenar de páginas a través de entrevistas a una docena de ellos, trabajadores de centros penitenciarios del País Vasco.

"Todos los funcionarios de prisiones, sin excepción, vieron gravemente vulnerados sus derechos y fueron víctimas y objeto de la amenaza de ETA. Y todos, sin excepción, merecen verdad, memoria y reconocimiento", dicen los autores del análisis, que han optado por los empleados de las cárceles vascas "por entender que la amenaza sobre ellos tenía una serie de connotaciones especiales con afección directa a su entorno familiar y social".

Una de las personas entrevistadas cuenta cómo en 1993 llegó a casa "todo contenta" para contar a su familia que había aprobado la oposición a funcionaria de prisiones y cómo su padre respondió que les había "desgraciado la vida".

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