Ecologistas en Acción ha denunciado que en España se han fumigado un total de 234.000 hectáreas de arrozales en cinco años cuando fumigar plaguicidas desde avionetas o helicópteros está "explícitamente prohibido" por la ley.

En ello se centra 'Fumigaciones aéreas ilegales de plaguicidas: el caso concreto de los arrozales', el informe que la organización presenta este miércoles 3 de julio. Tal y como indica la ONG, la normativa prohíbe la pulverización aérea como norma general y sólo permite excepciones si los métodos aéreos tienen claras ventajas para la salud humana y el medio ambiente o si no hay ninguna otra alternativa viable.

En estos casos, Ecologistas en Acción recuerda que las comunidades autónomas ostentan la competencia de otorgar autorización excepcional a la fumigación aérea de un plaguicida previamente permitido para este tipo de aplicación. Sin embargo, incide en que si se fumiga un plaguicida que, además, no ha sido autorizado para fumigación aérea, se requiere una segunda autorización excepcional, en este caso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Así, la organización detalla que en los últimos siete años se han concedido 34 autorizaciones excepcionales a plaguicidas empleados en el cultivo del arroz, de las que nueve se otorgaron a la fumigación aérea de plaguicidas. En opinión de la ONG, estas autorizaciones fueron "repetidas, rutinarias y sus causas, casi siempre económicas, incumplían los requisitos que exige la ley". Además, critica que las fumigaciones de plaguicidas se produjeron sobre espacios naturales protegidos sin ningún estudio previo de evaluación de su impacto ambiental.

Por todo ello, Ecologistas en Acción solicitó en 2021 al Defensor del Pueblo que estudiase la legalidad de las fumigaciones aéreas sobre arrozales. En marzo de 2024, el Defensor del Pueblo solicitó el cese de estas autorizaciones, que declaró ilegales, así como aquellas que se puedan producir en el futuro. En la resolución, que la organización incluye en el informe, el Defensor constata que las autorizaciones al método aéreo se dan "de forma sucesiva, sin tener en cuenta el carácter excepcional o especial que deben tener estas excepciones y sin transparencia por parte de las comunidades autónomas".

Dado que la decisión del Defensor del Pueblo no es vinculante, el portavoz de la ONG Kistiñe García insiste en que Agricultura "debe ayudar a la expansión del cultivo de arroz sin plaguicidas y oponerse a la competencia desleal que supone la importación de arroz con plaguicidas prohibidos" en España.