El Ministerio de Sanidad ha sacado este viernes a audiencia pública una modificación normativa para frenar el intrusismo en cirugía estética, exigiendo que sólo los médicos con la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora u otros que competencias quirúrgicas en su formación puedan realizar estas intervenciones.

En concreto, Sanidad quiere cambiar el Real Decreto 1277/2003, que establece las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios ante el "continuo incremento" en los últimos años de las intervenciones quirúrgicas con finalidades estéticas y "de la apertura de centros sanitarios que incluyen entre sus servicios la oferta asistencial de cirugía estética".

Según argumenta en el texto, abierto a aportaciones hasta el 9 de julio, diferentes reivindicaciones sociales y sanitarias "han venido reclamando modificaciones normativas en aras de conseguir un mayor control" en el desarrollo de esta actividad asistencial con la garantía de que sea ejercida por profesionales con las competencias y titulaciones adecuadas.

Por eso, propone que sean exclusivamente los médicos con la especialidad en Cirugía plástica, estética y reparadora o de otras que incluyan en sus programas formativos "competencias profesionales para el abordaje quirúrgico con finalidades terapéuticas, reparadoras o estéticas" los únicos responsables de realizar estos tratamientos "con finalidad de mejora estética corporal, facial o capilar.

Se trata así de "clarificar las especialidades quirúrgicas con competencias para realizar cirugía con fines de mejora estética corporal, facial o capilar", y para exigir la obligatoriedad de poseer la titulación de médico especialista para el ejercicio de la cirugía estética, "todo ello en beneficio y protección del paciente, de la prevención de negligencias, y de la profesionalización del sector médico".

Con ello se daría cumplimiento a una iniciativa socialista sobre cirugía estética y lucha contra el intrusismo y las Pseudociencias que instaba al Gobierno a modificar esta norma para "evitar el intrusismo y garantizar que todas las actividades sanitarias se realizan por profesionales que dispongan de la titulación oficialmente reconocida".