La ministra de Educación, Isabel Celaá, persiste en su idea de enfrentarse a las familias con afirmaciones que ponen en duda su legitimidad: “No podemos pensar que los hijos pertenezcan a los padres”. Es el concepto marxista de la educación que encierra un objetivo político, en palabras del ideólogo de izquierdas Gramsci: “Hay que apoderarse de la escuela para tener a futuro el poder”. Y esto no solo va contra la escuela concertada, también va contra la escuela pública.
El gobierno de Pedro Sánchez está provocando una polémica innecesaria en el campo de la educación, animado por la extrema izquierda de sus socios. Pablo Iglesias dijo en una de sus intervenciones en el Congreso, que “la ayuda a la escuela concertada va en detrimento de la escuela pública.”
En el requerimiento que la ministra ha enviado al gobierno de Murcia afirma que “El derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones es un derecho accesorio.” “Los hijos no pertenecen a los
padres”, advirtió Celaá tras el Consejo de Ministros al mismo tiempo que advertía a la Consejería de Educación de Murcia, del Partido Popular, “que retire las instrucciones que permiten que los padres tengan que autorizar la asistencia de sus hijos a distintas actividades en los colegios”.
Celaá considera que las instrucciones de Murcia suponen una vulneración del derecho fundamental a la educación que reconoce el artículo 27.1 de la Constitución, al priorizar, frente a este derecho fundamental, “el derecho accesorio” que en su opinión asiste a los padres olvidando que el artículo 27.3 de la Carta Magna afirma: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones”. Ambos, por tanto, son derechos fundamentales y no accesorios como afirma con todo descaro la ministra.
El presidente de Murcia, Fernando López Miras, respondió a la ministra que “el derecho de los padres y la libertad de enseñanza son innegociables”. A propósito de esta polémica, Carlos Herrera en la COPE, espetó a la ministra: “A nuestros hijos los educamos nosotros. Usted lo que tiene que hacer es enseñarles”.
En este totus revolutus, la delegada del gobierno para la Violencia de Género, de Unidas Podemos, Victoria Rosell, ha planteado aplicar en Murcia el 155 de la Constitución. El sindicato de estudiantes, aliándose con el gobierno, ha convocado una huelga el 6 de marzo para pedir la derogación de la LONCE y que se introduzca una asignatura de Educación Sexual evaluable y obligatoria, sacando la religión de las aulas.
Ciudadanos tiene razón cuando dice que “las familias ya tienen herramientas para defenderse”. Efectivamente, los padres están respaldados, no solo en la Constitución sino en los acuerdos y pactos internacionales suscritos por el gobierno español en abril de 1977. Por tanto, no necesitan el Pin Parental propuesto por VOX.