Con esta frase se pretende revestir de palabras nuevas viejas ideas. Todas las muertes son dignas.
Cuando se aprobó en Holanda la Ley de la Eutanasia muchas personas mayores dejaron de acudir a los hospitales por miedo a que se les aplicara.
En diciembre de 1990, el diario El Sol, afirmaba: “Mientras la jerarquía eclesiástica condena la eutanasia, un estudio del CIS de 1989 diagnostica que en la sociedad española existe un gran apoyo al derecho de los individuos a tener una muerte digna con una insistencia significativa en la inutilidad de alargar sufrimientos cuando no existen fundadas esperanzas de curación para un enfermo”.
Entonces más de la mitad de los entrevistados expresaron una actitud favorable hacia medidas que suponen una negación a alargar la vida de un enfermo desahuciado.
Seis de cada diez opinaban que el médico que ayuda a poner fin a la agonía de un paciente no debe ser castigado por ello.
Es evidente que los médicos conocen la situación de sus pacientes; para que no sufran ponen en marcha cuidados paliativos que les ayudan a acortar su sufrimiento. Pero la Eutanasia es otra cosa y en muchos casos puede dar lugar a situaciones que vayan en contra del derecho a la vida de las personas.
El Gobierno nos anuncia con urgencia y por la puerta de atrás, una ley de la Eutanasia sin haberse debatido en el Congreso. Puede parecer que lo que está jurídicamente permitido es conforme a la recta conciencia, pero el Estado no puede promulgar leyes que autoricen acciones moralmente ilícitas.