En 1982 el Presidente de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, Santiago Martín Jiménez, el Presidente de Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) Padre Ángel Martínez Fuertes, el Secretario General de Profesores no Estatales, Francisco Víreseda, y yo misma como Presidenta de la Concapa, Confederación Católica de Padres de Alumnos, dirigimos una carta a Marcelino Oreja, entonces Secretario General del Consejo de Europa en Estrasburgo, para que nos ayudara a resolver nuestra situación.
La enseñanza de iniciativa social tenía en España en ese momento muchos problemas porque la política del gobierno de Felipe González no respetaba los principios de la Libertad de Enseñanza contenidos en la Resolución Luster, aprobada por el Parlamento Europeo el 14 de marzo de 1984.
Cuando quisimos introducir un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa, nos encontramos con que era imposible hacerlo mientras que España no ratificara el Protocolo Primero de la Convención Europea de Derechos Humanos, que contempla el derecho a la instrucción. En nuestra carta decíamos: “No entendemos que, habiendo España ratificado en 1979 dicha Convención, no haya ratificado al mismo tiempo el Protocolo Primero que trata de la Educación. Como entonces era usted Ministro de Asuntos Exteriores, le rogamos que nos informe de las razones por las que España no ratificó dicho Protocolo Primero que tanto está afectando a la Educación.”
Terminábamos la carta pidiéndole un encuentro en Madrid, aprovechando alguno de sus viajes a España.
Los problemas de la educación no han terminado. En la actualidad la Ministra Isabel Celaá sigue dispuesta a empeorarlo con su afán enfermizo de atacar a los centros no estatales acabando así con la Libertad de Enseñanza en España.