Despiden a una trabajadora de Palencia por mentir en su currículum: la tienen que readmitir o indemnizar por esta razón

En un caso reciente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado sentencia en un asunto laboral que involucra la protección de los datos personales de los trabajadores y su uso por parte de las empresas. La controversia surge tras el despido disciplinario de una trabajadora en Palencia, que la empresa acusó de haber mentido en su currículum, pero finalmente la justicia ha declarado que el despido fue improcedente, debido a la vulneración de su derecho fundamental a la protección de datos.

La empleada comenzó a trabajar para la empresa en septiembre de 2020, presentando un currículum en el que detallaba su experiencia como operaria de cadena en el departamento de soldadura de Renault. Sin embargo, en 2022, al entregar una versión actualizada de su currículum, la empresa detectó que la experiencia profesional presentada no coincidía con los datos de su informe de vida laboral. En lugar de la experiencia mencionada con Renault, la trabajadora había indicado otro empleo que no coincidía con la realidad.

Este hallazgo motivó que la empresa solicitara a todos sus empleados un informe de vida laboral para contrastar los datos con los currículums presentados. Tras esta verificación, se dieron cuenta de las discrepancias en el currículum de la trabajadora y decidieron despedirla disciplinariamente, alegando una transgresión de la buena fe contractual, conforme al artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores.

La trabajadora, disconforme con la decisión, impugnó el despido ante el Juzgado de lo Social N.º 2 de Palencia. Sin embargo, dicho juzgado desestimó su demanda y declaró el despido procedente, amparándose en el hecho de que la trabajadora había proporcionado información falsa en su currículum.

El recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

No conforme con el fallo, la empleada presentó un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, donde alegaba que, además de la transgresión de la buena fe contractual, se había vulnerado su derecho fundamental a la protección de datos, tal como establece el artículo 18.4 de la Constitución Española. En concreto, la empleada sostenía que la empresa había utilizado su informe de vida laboral sin su consentimiento explícito para fines distintos a los relacionados con la selección de personal, lo que constituía una ilicitud en el tratamiento de sus datos personales.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León falló a favor de la trabajadora y declaró el despido improcedente. Según la sentencia, la empresa cometió un uso ilícito de los datos personales de la trabajadora al utilizar su informe de vida laboral para investigar una posible falta disciplinaria, cuando originalmente había sido proporcionado para fines de selección de personal. El tribunal destacó que esto vulneró el derecho a la protección de datos establecido en la Constitución Española.

A pesar de este reconocimiento de la vulneración de los derechos fundamentales, el Tribunal dejó claro que no se trataba de una violación directa de los derechos de la trabajadora en relación al despido, sino en cuanto a la obtención de la prueba que fundamentó la decisión de la empresa. Dicho de otro modo, la prueba obtenida a partir del informe de vida laboral no podía ser válida, ya que fue obtenida de forma ilegal, y esto invalidaba el despido.

Además de la ilicitud en el uso de los datos personales, el Tribunal también señaló otros factores que contribuyeron a declarar el despido improcedente. En primer lugar, la carta de despido no describía con suficiente claridad la conducta que se consideraba motivo de sanción. Asimismo, la falta que alegaba la empresa había prescrito, ya que desde que detectaron la supuesta irregularidad en marzo de 2022 hasta la notificación del despido en junio de 2022, habían transcurrido más de 60 días, superando el plazo establecido en la normativa laboral para sancionar faltas muy graves.

Improcedencia del despido por defecto formal y prescripción

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ordenó la readmisión de la trabajadora o, en su defecto, el pago de una indemnización por despido improcedente. En concreto, la empresa deberá abonar una indemnización de 5.462,42 euros, más los salarios de tramitación correspondientes al periodo de tiempo que la trabajadora estuvo fuera de su puesto de trabajo. Además, debido a la vulneración de su derecho a la protección de datos, la empresa deberá abonar una indemnización adicional de 3.000 euros por daños morales.

Este fallo pone de manifiesto la importancia de respetar los derechos fundamentales de los empleados, en particular el derecho a la protección de sus datos personales, y subraya la necesidad de que las empresas actúen con transparencia y de acuerdo con la legislación en todos los procesos que impliquen el uso de información personal.