El Juzgado de lo Social nº 6 de Valencia ha condenado al Ayuntamiento de Valencia por considerar que se cometió discriminación salarial contra los trabajadores de la Fundación Valencia Activa, generando una doble escala salarial que perjudicó a los empleados contratados en el mandato anterior con salarios sustancialmente inferiores.

El segundo teniente de alcalde y concejal de Empleo, Juanma Badenas (VOX), ha anunciado el estudio de medidas legales contra los exresponsables socialistas que dirigieron Valencia Activa, entre los que se encuentran los concejales Sandra Gómez, Borja Sanjuán y Javier Mateo, por posibles irregularidades administrativas y penales. La condena se basa en la existencia de una diferencia injustificada de retribuciones entre los trabajadores, a pesar de realizar funciones similares.

"Es fundamental señalar la hipocresía de aquellos que se manifiestan a favor de la igualdad salarial en el ámbito político, pero no practican estos principios en la gestión pública. Durante ocho años, el PSOE y Compromís han alentado prácticas laborales que contradicen su discurso sobre igualdad", ha denunciado Badenas.

Antecedentes de la condena

La sentencia se originó a partir de una demanda de conflicto colectivo presentada por UGT Servicios Públicos contra la Fundación Valencia Activa. En la demanda se alegaba que existían diferencias salariales significativas entre trabajadores contratados antes y después de 2012, a pesar de desempeñar funciones similares. La Fundación Valencia Activa comenzó a aplicar el convenio colectivo de oficinas y despachos de la provincia de Valencia para los trabajadores contratados desde 2012, mientras que a los contratados antes de esa fecha se les aplicaban las tablas salariales del Ayuntamiento de Valencia, con salarios y beneficios superiores.

De acuerdo con la resolución judicial se constató la existencia de una doble escala salarial en la Fundación Valencia Activa. Nueve trabajadores fijos, contratados antes de 2012, percibían sus retribuciones según las tablas salariales del Ayuntamiento de Valencia, incluyendo el 100% del salario en periodos de incapacidad temporal y complementos de antigüedad. Los trabajadores contratados a partir de 2012, sin embargo, fueron retribuidos según el Convenio colectivo de oficinas y despachos de la provincia de Valencia, con salarios significativamente inferiores.

La sentencia establece que esta diferencia de trato “no está justificada de manera razonable, objetiva, equitativa ni proporcionada. No se aportaron pruebas de que los trabajadores contratados desde hace doce años realizaran funciones diferentes o tuvieran un acceso distinto a sus puestos de trabajo”. El tribunal concluye que la existencia de una doble escala salarial basada únicamente en la fecha de contratación era contraria al principio de igualdad salarial.

El titular de Empleo se ha comprometido a aceptar la sentencia señalando que con ello “demostramos que es posible actuar con coherencia y responsabilidad, cumpliendo con los principios que defendemos públicamente en defensa de una verdadera igualdad, independientemente del sexo u otras diferencias irrelevantes para la retribución justa de los trabajadores”.

Sin embargo, desde el PSPV, su concejal, Javier Mateo, ha recordado que los socialistas dejaron un convenio listo para aprobar, trabajado con los trabajadores, los sindicatos y los habilitados nacionales para resolver la situación heredada del PP. “Badenas lleva un año al frente de Valencia Activa, con el convenio guardado en un cajón por inoperancia y vagancia”, ha denunciado y le ha emplazado a “pedir explicaciones a María José Catalá por las condiciones laborales que fijó el PP en 2012” y “a ponerse a trabajar porque es el mejor antídoto para dejar de hacer el ridículo”.

Ha explicado que el origen de esta situación está en las condiciones que implantó el PP en el año 2012, en las que estableció de manera totalmente irregular que los trabajadores incorporados con posterioridad a esa fecha se acogieran obligatoriamente al convenido de oficinas y despachos y tuvieran un régimen temporal, mientras que una de las primeras medidas que adoptaron los socialista fue evitar esta temporalidad e impulsaron un convenio que el PP y VOX han paralizado un año obligando a los trabajadores a acudir a los tribunales para reclamar las condiciones laborales que les corresponden.