Marta Ruiz: “Para cualquier régimen autoritario como el venezolano, los periodistas están en el punto de mira”

Nada se sabe a esta hora de los tres periodistas de la agencia EFE detenidos por el régimen de Maduro. Son el español Gonzalo Domínguez y los colombianos Leonardo Muñoz y Mauren Barriga. Los tres entraron en Venezuela el pasado día 17, iban a reforzar al equipo de la agencia EFE en caracas. Llegaron al aeropuerto de Maiquetía, al norte del país, donde se identificaron como periodistas ante los controles de inteligencia del régimen. Les hicieron un tercer grado, por así decirlo, y les dejaron pasar.

Ahora dice el ministro de exteriores venezolano, Jorge Arreaza que estos colegas han entrado de manera irregular algo que es falso según ha asegurado el presidente de la agencia EFE, Fernando Garea quien también decía en Herrera en COPE que aunque no han podido contactar con ellos espera que se resuelva pronto. Tiene la esperanza que ocurra lo mismo que con otros compañeros que horas antes fueron expulsados del país y repatriados.

Los periodistas están en el punto de mira para cualquier régimen autoritario, como es el Venezolano, y más cuando el presidente de la Asamblea Nacional, el parlamento legítimo, Juan Guaidó sigue sumando apoyo internacional. El Parlamento Europeo le ha reconocido como presidente legítimo, y el domingo lo hará también España porque Maduro no va a convocar elecciones libres y con garantías.

Y de la crisis del taxi, que en Madrid afronta el día doce de paro con enquistamiento en la negociación, hablamos del desenlace en Cataluña donde cientos de trabajadores de VTC cuentan con ir a la calle. Uno de ellos es Héctor Paredes, es trabajador de Uber y ha contado en COPE que tiene tres hijos y él es el único que trabaja en casa, que nadie ve injusta su situación.

Uber y Cabify confirman que dejan de operar a partir de mañana en Cataluña por el decreto que les obliga a ser pre contratados al menos con una hora de antelación. Son unos cuatro mil trabajadores, algunos de ellos autónomos salidos de la crisis y que han hecho una inversión que ronda los setenta mil euros entre vehículo y licencia. Luego llega el capítulo de las indemnizaciones millonarias porque van a recurrir el decreto de la Generalitat, y hay jurisprudencia, una sentencia del Supremo y un dictamen de Competencia que les da la razón. 1.000 millones de euros podría costar la broma sólo en Cataluña, la vamos a pagar todos del dinero público.