El año pasado hubo 1.768 conflictos en el campo brasileño, según la Comisión Pastoral de la Tierra

En el campo brasileño hubo el año pasado 1.768 conflictos relacionados con la tierra, el agua y el trabajo esclavo, situciones que involucraron directa o indirectamente a 897.335 personas. Y de los 109 asesinatos constatados en este contexto, 101 tuvieron por víctimas a indígenas yanomamis y fueron cometidos por mineros en el Estado de Roraima, al norte del país, en la frontera con Venezuela.

Estos y muchos otros datos figuran en el informe «Conflictos en el Campo-Brasil 2021» elaborado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), organismo de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB). El estudio en cuestión fue presentado el 18 de abril en Brasilia por el secretario general de la CNBB y obispo auxiliar de Río de Janeiro, Joel Portella Amado; el presidente de la CPT y obispo de la prelatura de Itacoatiara, José Ionilton Lisboa de Oliveira; y por varios representantes de los pueblos indígenas, de las poblaciones rurales y de organizaciones vinculadas a la Reforma Agraria. Entre los intervinientes estuvo también el padre de un niño de diez años asesinado a tiros en el marco de uno de esos conflictos en el Estado de Pernambuco.

Aun siendo muy elevado, el número de conflictos disminuyó un 13,9% respecto al año anterior, en que se contabilizaron 2.054 incidencias. En 2021 casi la mitad de las disputas por la tierra (49.4%) tuvieron lugar en la Amazonía Legal, donde hubo también 124 conflictos relacionados con el agua y 54 casos de mano de obra esclava.

«Ninguna familia sin hogar, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos».

La presentación del informe comenzó con un videomensaje del arzobispo de Belo Horizonte y presidente de la CNBB, Walmor Azevedo de Oliveira, en el que recordó las palabras pronunciadas por el Papa Francisco en su encuentro con los movimientos sociales: «Ninguna familia sin hogar, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos».

Los participantes en el acto subrayaron la importancia de esta clase de estudios y denunciaron las políticas cómplices con la violencia del gobierno del presidente Jair Bolsonaro. «El actual gobierno se pone sistemáticamente en contra de los pueblos y las poblaciones indígenas. La violencia del Estado ha aumentado a través de las acciones de la Policía Militar. (…) Lo que está ocurriendo en el territorio yanomami y munduruku es una acción de las milicias armadas con la connivencia del Estado», denunció, en este sentido, Eduardo de Oliveira, secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero (CIMI).

Por su parte, Andréia Silvério, representante de la CPT, expresó su preocupación por las propuestas del Congreso Nacional y la actuación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, denunciando también «la connivencia del poder judicial con los casos de violencia existentes en el campo».

El drama de los yanomamis

Los indígenas son las grandes víctimas de toda esta violencia. Y de manera especial, los yanomamis, cuyo territorio está sufriendo la depredación de los mineros ilegales. El 11 de abril la Asociación Hutukara Yanomami hizo público un informe que denuncia que ya en la década de los ochenta llegaron al territorio 40.000 mineros, y que la situación se ha agravado enormemente desde entonces gracias al apoyo gubernamental a una actividad muy lucrativa —debido al aumento del precio del oro en el mercado internacional— pero que causa desforestación, contaminación y la llegada de nuevas enfermedades a las poblaciones indígenas.

«La extracción ilegal de oro [y casiterita] en el territorio yanomami ha traído consigo una explosión de casos de malaria y otras enfermedades infecciosas, con graves consecuencias para la salud y la economía de las familias, y un espantoso recrudecimiento de la violencia contra los indígenas» dice el documento.

La Comisión Episcopal Pastoral Especial para la Lucha contra la Trata de Personas (CEPEETH) de la Conferencia Episcopal ha repudiado en una nota la invasión de los garimpeiros, así como la violencia sexual contra mujeres y niños que sufre este pueblo ante la completa pasividad del gobierno.

El territorio yanomami constituye la mayor reserva indígena de Brasil. Situado entre los Estados de Amazonas y Roraima, tiene una superficie equivalente a la de Portugal y fue delimitado hace treinta años. Lo habitan unas 350 comunidades indígenas con una población aproximada de 29.000 personas.