¿Aprenderemos algo del asesinato del exprimer ministro japonés Shinzo Abe?

El asesinato el 8 de julio del exprimer ministro Shinzo Abe durante un mitin en la ciudad de Nara ha conmocionado a la sociedad japonesa. No es para menos. Aunque parezca increíble, el magnicidio ha sido el primer crimen cometido con un arma de fuego en el país en lo que va de año. Más increíble todavía: esto, allí, no es algo excepcional. En todo 2021, hubo solo 11 muertos por heridas de bala, casi todos en crímenes cometidos por la yakuza, la mafia local. En 2018 las víctimas fueron 9. Japón tiene unos 127 millones de habitantes.

Abe fue asesinado la víspera del «Día internacional contra las armas de fuego». Algo que no pasó inadvertido para el cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal.

El «milagro» japonés no es casual, tiene un por qué: allí rige una de las leyes de armas más restrictivas del mundo occidental. En primer lugar, las únicas armas de fuego que están permitidas son las escopetas y las carabinas (ambas para uso deportivo): nada de pistolas, rifles, etc., y mucho menos rifles de asalto u otras armas de mayor poder destructivo.

Y en segundo, para conseguir una licencia se ha de pasar antes mil y un filtros: asistir a clase, aprobar un examen escrito, presentar un certificado médico que acredite que se está mentalmente estable y que no se consumen drogas, comprobar antecedentes, etc. Esto, sabido es, pasa también en otros países, pero en Japón, una vez superados todos estos requisitos, la policía tiene luego manga ancha para denegar el permiso si hay el más mínimo indicio o sospecha de que la persona que lo solicita puede resultar peligrosa para otras personas, las propiedades o el orden público.

La cosa no acaba aquí. Una vez conseguida la licencia y obtenida el arma, el propietario está obligado a registrarla, a guardarla en un lugar seguro dentro de su casa del que tiene que informar a la policía, y a conservar la munición en una ubicación distinta. El arma, por último, es inspeccionada cada año por los agentes, estando obligado su dueño a volver a clase y a examinarse cada tres años —como si del carnet de conducir se tratara— para renovar la licencia.

Estar en posesión de un arma sin el correspondiente permiso acarrea pena de prisión y, por supuesto, no se puede tener más de una. Llegar a disparar en un lugar público puede ser castigado con hasta cadena perpetua.

Visto lo visto, no es de extrañar que el hombre que el día 8 atentó mortalmente contra Abe, el político más popular de las últimas décadas (primer ministro en 2006-2007 y en 2012-2020), lo hiciera con un arma que, según se ha informado, se había fabricado él mismo. Ni tampoco sorprende el estupor y la perplejidad de los testigos del atentado. Antes que Abe, en Japón había sido asesinado otro político: Iccho Ito, alcalde de Nagasaki, en 2007. Como él, recibió dos disparos por la espalda. Y al igual que ahora, su muerte también conmocionó a todo el país.

En el telegrama de condolencia remitido por la Santa Sede, el Papa Francisco, que visitó Japón en noviembre de 2019, con Abe todavía en la jefatura de gobierno, expresa su deseo de que «la sociedad japonesa se fortalezca en su compromiso histórico con la paz y la no violencia».

Estados Unidos: Un «derecho» desde 1791

La situación en Japón contrasta terriblemente con la que se vive en Estados Unidos, el país de las armas por excelencia. Allí hay en circulación más armas que personas… y el país tiene 330 millones de habitantes.

En Estados Unidos conseguir un arma es prácticamente un trámite administrativo más.

Ahora bien, mientras en Japón la ley dice que «nadie poseerá un arma de fuego o armas de fuego», en Estados Unidos la segunda enmienda de la Constitución (que data de 1791) reconoce el «derecho» de los ciudadanos «a poseer y portar armas». La cultura armamentística ahí es inherente a la idiosincrasia de la nación, nacida de la expansión y la conquista. Las consecuencias de esa cultura y de la fiebre por las armas se pueden ver todos los días en las noticias.

Una de las últimas y más trágicas matanzas habidas en Estados Unidos se produjo el 24 de mayo en un colegio de Uvalde (Texas). Las víctimas: 19 niños y dos profesores. Tras esa masacre, la Conferencia de Obispos Católicos (USCCB) volvió a pedir en una declaración (3 de junio) que se restringiera el acceso a las armas de fuego. «Les imploramos —pidió la Iglesia católica a los legisladores— que se unan al Santo Padre, quien, en su continua expresión de dolor por la tragedia de Texas, ha declarado: “Es hora de decir “basta” al tráfico indiscriminado de armas».

Los obispos estadounidenses reconocen que el país sufre una «violencia endémica» y que «ni siquiera las leyes de armas más eficaces» bastarían por sí solas para acabar con los tiroteos que un día y otro también conmocionan a la sociedad. Pero consideran que el margen de mejora es inmenso. De ahí que hayan pedido la adopción de dos medidas con carácter de urgencia: una, la «prohibición total de las armas de asalto» y la limitación legal de acceso de los civiles a «armas de alta capacidad»; y otra, «una ley federal que penalice el tráfico de armas».

Esta última disposición, como ellos mismos indican, es «especialmente importante», pues Estados Unidos «es uno de los principales exportadores internacionales». Según la Autoridad de Responsabilidad Gubernamental del Gobierno, el 40% de las miles de armas de fuego que se han incautido en El Salvador, Guatemala, Belice y Honduras tras la comisión de un delito procedían de Estados Unidos. En la mitad de los casos, habían llegado allí de contrabando, y en la otra mitad a través de ventas legales, aunque luego habían acabado en manos de los delincuentes.

El último informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz señala que el 75% de las ventas de armas en el mundo las realizan solo cinco países: Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y China.

Obispos de Brasil: Una carrera armamentística sin sentido

La Iglesia de Brasil también ha hablado recientemente de armas. Y lo ha hecho para denunciar «la locura de la carrera» por comprarlas que hay en el país impulsada por la actual Administración. El presidente Jair Bolsonaro, militar, llegó al gobierno con la promesa de facilitar el acceso a la población de las armas de fuego. Y lo ha cumplido.

En apenas tres años en Brasil se ha duplicado la tenencia de armas por parte de la población civil. Si en 2017, la policía tenía registradas 637.000, en 2020 había ya más de un millón. Ahora bien, en este último año los homicidios y asesinatos se habían quintuplicado con respecto al año anterior.

«Es urgente no cerrar los ojos ante la locura de la carrera de armamentos en Brasil», escribe la Comisión Permanente del Episcopado en un mensaje titulado «Un grito por la paz». «El número de cazadores, tiradores y coleccionistas de armas de fuego (CAC) aumentó un 325% entre 2018 y 2021. “El gasto en armas es un escándalo, ensucia el corazón, ensucia a la humanidad (Papa Francisco, 21 de marzo de 2022), particularmente cuando se alimenta de discursos fundamentalistas, incluidos los religiosos, que convierten a los oponentes en enemigos y comprometen la fraternidad».

Los discursos de Bolsonaro sobre las armas no tienen nada que envidiar a los de los miembros de la Asociación Nacional del Rifle. «Todo el mundo tiene que comprar un rifle, la gente armada nunca será esclavizada», argumenta el mandatario. Y cuando «un idiota», según lo calificó él, le instó a comprar frijoles para dar de comer a los brasileños que pasan hambre, le espetó: «Si no quieres comprar un rifle, no molestes a quien quiera comprarlo».

El argumento que esgrimen el presidente de Brasil y los partidarios del «derecho» a llevar armas es el de que con ellas «la gente de bien» puede garantizar su seguridad. Pero, ¿no están para eso mismo la policía y las fuerzas del orden, para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos? ¿Alguien piensa realmente que la criminalidad va a desaparecer, o incluso a descender, por un efecto disuasorio, cuando lo que reflejan las estadísticas es precisamente todo lo contrario, que cuantas más armas hay en circulación, más delitos y más muertes se producen?

En los dos últimos años, la población carcelaria en Brasil se ha disparado, alcanzando la cifra récord de 919.651 reclusos. Ahora mismo solo Estados Unidos y China tienen más presos que Brasil en todo el mundo. Los expertos vaticinan que, de seguir así, en otros dos años se alcanzarán los dos millones. «Cuanta más gente armada, mejor», dice Bolsonaro, ajeno por completo a la gravedad del problema.

El asesinato del exprimer ministro Abe nos ha abierto los ojos sobre Japón, una sociedad desarrollada y moderna que ha tenido (forzosamente) que aprender de su historia y dejar atrás un pasado militarista. ¿Habrán tomado nota los Bolsonaros del mundo sobre los muertos por armas de fuego que hay en Japón?