Colombia: La Iglesia pide «unidad», el cese de toda expresión de odio y un «permanente compromiso por la paz»

«Unidad», la erradicación de «cualquier expresión de odio y violencia» de la vida pública, y un «serio y permanente compromiso por la paz y el respeto de la vida». Esto es lo que piden los obispos de Colombia en una declaración difundida en el marco de la 113ª Asamblea Plenaria del episcopado que se acaba de celebrar en Bogotá. En el encuentro, celebrado del 4 al 8 de julio, han participado 77 prelados.

La Iglesia insta a los colombianos a «construir la unidad» desde la diversidad. Su llamamiento se ha producido tras escuchar al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV).

De Roux, jesuita, presentó el pasado 28 de junio en un teatro de la capital las conclusiones del informe que su multidisciplinar equipo —creado tras la firma de la paz en 2016 entre el Estado y las FARC— ha elaborado para tratar de comprender las casusas del conflicto armado y conseguir la anhelada reconciliación nacional.

El monumental trabajo (casi un millar de páginas estructuradas en once apartados), se titula «Hay futuro si hay verdad» y le ha sido entregado al presidente electo Gustavo Petro —el primer mandatario de izquierdas en la historia del país tras ganar las elecciones del 19 de junio— en ausencia al acto del todavía presidente Iván Duque. El informe formula una serie de recomendaciones y da voz a las víctimas —mujeres, desplazados, exiliados, secuestrados, niños reclutados, etc.— a través del testimonio directo de 30.000 personas.

«Una democracia incluyente y participativa»

«Esta llamada a la unidad de la nación —dice la declaración de la Conferencia Episcopal— no florecerá sin un serio y permanente compromiso por la paz y el respeto de la vida. ¡Basta ya de toda guerra! Caminemos juntos para erradicar cualquier expresión de odio y violencia, que no solo nos empobrece materialmente, sino que también nos deshumanizan y aniquilan espiritualmente. Necesitamos una nueva apertura al diálogo que debe ser productivo, como instrumento de construcción y de consolidación en pro de una democracia incluyente y participativa».

El llamamiento episcopal llega en plena configuración de un nuevo gobierno. Petro pergeña estos días un gabinete que busca la excelencia y que pretende ser inclusivo. De ahí que entre los siete ministros anunciados hasta ahora figuren personas como José Antonio Ocampo en Hacienda (quien ya se ocupó de esa misma cartera en la presidencia del conservador Ernesto Samper) o Alejandro Gaviria en Educación (ministro de Salud con el Nobel de la Paz Juan Manuel Santos).

El sucesor de Duque ha tanteado incluso la posibilidad de sumar a su ejecutivo al Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, con quien se reunió el pasado 29 de junio en una foto para la historia.

El Informe de la CEV: la verdad duele

El informe de la Comisión de la Verdad arroja datos estremecedores. El conflicto armado ha dejado más de 450.000 muertos, 121.000 desaparecidos, 50.000 secuestrados, 7,7 millones de desplazados internos y más de un millón de exiliados, según las conclusiones anticipadas. «Si se guardara un minuto de silencio por cada una de las víctimas, el país tendría que pasar 17 años callado», ha dicho De Roux para ilustrar la magnitud de la tragedia.

La guerra ha afectado de una manera u otra al 20% de la población. El 90% de las víctimas son civiles. Tres de cada cuatro muertos fueron jóvenes y campesinos, y solo el 1,5% de ellos murieron en combate. El Estado se confirma asimismo como uno de los grandes responsables de los asesinatos, bien por responsabilidad directa —el ejército mató al menos a 6.402 civiles a los que hizo pasar por guerrilleros («falsos positivos»)—, bien por su connivencia con los grupos paramilitares, a los que se responsabiliza del 45% de todas las muertes. Gran parte de las ejecuciones extrajudiciales se produjeron entre 2002 y 2008, los primeros seis años de mandato del presidente Uribe.

Asociaciones militares: un trabajo parcial

A la luz de todos estos hallazgos no es de extrañar que el informe escueza. Una cincuentena de federaciones y asociaciones militares han criticado sus conclusiones, aduciendo que la comisión que lo ha elaborado «no genera credibilidad por los procedimientos y personas» que la integran, las cuales —denuncian— tienen un «marcado sesgo ideológico», por lo que carecen de «imparcialidad».

«Como Reserva, Veteranos y Pensionados de la Fuerza Pública, sentimos con preocupación cómo este informe se aleja de una verdad incluyente, que debe ser la base y fundamento para crear las condiciones necesarias de una efectiva y sincera reconciliación», escriben los representantes de las fuerzas armadas, que subrayan que «los mal llamados “falsos positivos”» fueron cometidos por algunos de sus miembros a título individual, sin que «en ningún documento oficial ni del mando militar o civil» se ordenaran «este tipo de actuaciones delictivas».

La comunidad internacional, sin embargo, valora muy positivamente el estudio de la CEV. Se trata —dicen los embajadores de una treintena de países y organizaciones internacionales, entre ellos España y la nunciatura apostólica en el país— de un «trabajo riguroso» realizado a lo largo de los últimos tres años en todo el territorio nacional, con el que se «materializa el compromiso de poner a las víctimas en el centro del Acuerdo de Paz, clave para establecer las bases de la reconciliación y la construcción de paz en Colombia».

En declaraciones a la agencia SIR, de la Conferencia Episcopal Italiana, el Padre De Roux se ha hecho eco de las dificultades con las que se ha topado su equipo. «Nuestro comisario Leyner Palacios está ahora en Europa —hace unos años mataron a un guardia de su escolta, en Cali—, recibió varias amenazas. Pero también quiero recordarles que en dos ocasiones entraron ilegalmente en nuestra oficina y en el apartamento de un comisario, para sustraer material reservado para las declaraciones de Otoniel [jefe del Clan del Golfo]», señala. El jesuita es consciente de que van a ser objeto de «persecución» por el trabajo realizado. «Tomemos las cruces con valentía y expandamos el amor de Dios, que vence el odio, el amor por los que han dado la vida por la paz», añade.

El presidente Duque, como se ha señalado, no asistió a la presentación del informe, como tampoco estuvo presente en el acto de constitución de la CEV y del inicio de sus trabajos, en noviembre de 2018.

Aborto, educación, más violencia…

Los obispos colombianos han abordado también en la Plenaria cuestiones como la educación, el aborto, el estado del proceso sinodal o el dolor que sigue generando la violencia. Y es que, pese al estudio de la memoria histórica, la violencia no ha desaparecido de Colombia.

La paz con las FARC se firmó en 2016, pero hoy en el país siguen operando tres importantes grupos armados: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos facciones disidentes de las FARC y el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas. El control por el territorio y las actividades ilícitas (narcotráfico y minería) de unos y otros siguen causando víctimas. Y no pocas. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde 2016 hasta hace unos meses han sido asesinados al menos 1.306 líderes comunitarios: activistas, defensores del medio ambiente, sindicalistas, abogados, líderes indígenas, etc. Se calcula asimismo que tras la firma de la paz se han producido 600.000 nuevos desplazados.

Este sábado 9 de julio los obispos peregrinaron al santuario de Chiquinquirá, donde pidieron a la Virgen del Rosario la anhelada unidad y reconciliación del país.