Perú: La Iglesia clama contra el estado de sitio encubierto decretado para combatir las protestas

La Conferencia Episcopal de Perú ha pedido al gobierno del presidente Pedro Castillo que dé marcha atrás y revoque el «decreto de inmovilización obligatoria» que establece un toque de queda en Lima y Callao. «Consideramos que esta medida es desproporcionada y el Gobierno debe transparentar el porqué de su decisión. Esto es casi como un Estado de Sitio que solo aplica, según nuestra Constitución, a caso de invasión, guerra exterior y guerra civil», ha dicho el arzobispo de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal, Héctor Cabrejos, respecto a la decisión adoptada para el 5 de abril. En declaraciones a RPP Noticias, el prelado, que preside también el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), el organismo que aglutina a las 22 Conferencias Episcopales del continente, pide a las autoridades que «piensen en el pueblo, que piensen en los pobres, que piensen en quienes los han elegido». En este sentido, recuerda que más del 70% de los peruanos trabajan en empleos informales, y que el estado de emergencia les impide salir a buscar el sustento diario para sus familias.

La decisión del ejecutivo de Aníbal Torres pretende acabar con los problema de orden público derivados de las protestas indefinidas de agricultores y transportistas. Los paros comenzaron el 28 de marzo y desde entonces han causado tres muertos y 14 heridos, según datos oficiales. Casi un centenar de personas han sido detenidas y acusadas de «disturbio agravado».

Las víctimas mortales son un joven cuyo cuerpo fue encontrado flotando en el río Yacus, una profesora que resultó atropellada y un anciano de 82 años que no pudo llegar a tiempo al hospital debido a los cortes de carreteras. Casi todos los heridos serían efectivos policiales.

Los graves incidentes que hubo en Huancayo el día 1, con saqueos y asaltos a establecimientos públicos y privados, provocaron, en palabras de los obispos, una situación de «caos total», así como «decenas de víctimas». Al día siguiente, la Conferencia Episcopal condenó en un comunicado la violencia desencadenada, «venga de donde venga», e hizo un llamamiento al diálogo. Y si bien rechazó expresamente el bloqueo de carreteras, «porque impide el libre tránsito de personas y el tránsito de alimentos», reconoció, asimismo, el «legítimo derecho a la protesta» de los manifestantes, amparado por el artículo 2 de la Constitución.

«Compartimos las preocupaciones de la población por el incremento desmedido de los precios de los distintos alimentos de primera necesidad, causado por el alza internacional del precio del petróleo (Guerra en Ucrania), pero también por factores nacionales como la inestabilidad política», se puede leer en su declaración. «Los conflictos sociales y su posterior escalada de violencia lamentablemente son una constante en el país y se ha mencionado en múltiples oportunidades que el abordaje de estos debe ser preventivo y no reactivo».

El arzobispo de Huancayo, cardenal Pedro Barreto, lamentó también unas declaraciones efectuadas por el presidente Castillo, en las que este aseguraba que algunos dirigentes sindicales estaban «pagados». El purpurado dijo que sus palabras no ayudaban en nada a «apaciguar» la situación, y exhortó al mandatario a rectificar, a pedir perdón y a reanudar el diálogo.

Las protestas sociales tienen su origen en los altos precios de los combustibles y en la nueva normativa sobre transportes. En los últimos días, y después de una semana de movilizaciones, el Gobierno se ha comprometido a rebajar en un 90% el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles, así como a revisar las concesiones de los peajes.

Perú vive sumido desde hace tiempo en una crisis permanente. En los últimos cinco años, ha tenido cinco presidentes y tres Congresos de la República. Desde su llegada a la presidencia, hace ocho meses, Castillo ha nombrado ya a cuatro primeros ministros y ha tenido que hacer frente a dos mociones de censura.