¿Por qué los obispos creen que Colombia vive "un momento crucial" en su historia?

“Los colombianos estamos viviendo un momento crucial en la historia de nuestra nación”. Así comienza el mensaje que acaba de hacer público la Conferencia Episcopal Colombiana (CCC) de cara a la doble cita con las urnas de los próximos meses: el 13 de marzo para elegir a sus congresistas, y el 29 de mayo para designar al sustituto del presidente Iván Duque. Ahora mismo, y según los últimos sondeos, el mejor situado para ocupar el Palacio de Nariño, la sede de la presidencia, es el senador Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, a quien el Papa Francisco recibió en el Vaticano el 3 de febrero en una audiencia privada que ha causado gran revuelo político.

El mensaje del episcopado, difundido en la Asamblea Plenaria celebrada del 14 al 18 de febrero, apela a los electores, pero también a los políticos. “El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos” (Mt 20,27), recuerda a estos últimos nada más empezar, para acabar pidiendo después “más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo y la vida de los pobres” (Evangelii Gaudium, n. 205). Entre una cita y otra, la enumeración de “los graves problemas sociales” que hacen que la nación no consiga levantar cabeza —a saber: “la inequidad, la corrupción, el narcotráfico, la pobreza y la violencia”— y un llamamiento a cuantos quieren dedicarse al servicio público para que fortalezcan la democracia y se comprometan con el “desarrollo integral de toda la población”.

Los ciudadanos, recuerda el organismo presidido por el arzobispo Rueda Aparicio, deben indagar en «la trayectoria y propuestas de campaña» de los candidatos para «identificar líderes honestos y competentes». Y estos, a su vez, hacer campañas electorales veraces y mesuradas en las que no se alimenten odios y polarizaciones y que contribuyan a construir la paz.

Alto el fuego

La comunidad internacional es muy consciente de la importancia de estos comicios. De ahí que el 17 de febrero, el mismo día de la declaración episcopal, hasta veintiséis embajadas y organismos internacionales —una de ellas la nunciatura apostólica— pidieran conjuntamente «a todos los grupos armados» que declaren «un cese al fuego y de hostilidades» para poder celebrar las elecciones en libertad y sin violencia. Hay que subrayar, no obstante, que entre todos esos firmantes solo hay tres países latinoamericanos: Argentina, Brasil y México. Faltan, entre otros actores destacados, Venezuela y Estados Unidos.

Violencia creciente

El Estado colombiano firmó la paz con las FARC en 2016, pero ello no quiere decir que la violencia haya desaparecido. En la actualidad hay tres grupos armados ilegales de entidad: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos facciones disidentes de las FARC que se desvincularon del proceso de paz, y el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas. Las acciones de todos ellos se concentran sobre todo en las regiones de Arauca y el Valle del Cauca y tienen que ver con el control del territorio para el narcotráfico y la minería. Estos grupos no solo se enfrentan al ejército y la policía, sino también entre sí. Las alianzas entre unos y otros llevan a situaciones surrealistas, como la destitución, este mismo mes, de un general que se había aliado con una banda de narcos para combatir a la disidencia de las FARC.

El año pasado fue especialmente duro, con el mayor número de masacres y desplazamientos forzados registrados desde la firma de la paz con las FARC. Hasta noviembre de 2021 la ONU había contabilizado 72.300 desplazamientos, un 196% más que en el año anterior. «Nos preocupa que tras la firma del acuerdo de paz siga dándose este fenómeno», ha lamentado Jozef Merkx, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Se calcula que desde 2016 se han producido 600.000 nuevos desplazados.

Las muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos tampoco se han detenido. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde el acuerdo de 2016 han sido asesinados 1.306 líderes comunitarios, activistas, defensores del medio ambiente, sindicalistas, abogados, líderes indígenas, etc. En 2021 la Defensoría del Pueblo contabilizó 145 crímenes de esta naturaleza, y en lo que va de año van ya otros veinte. Entre las víctimas de la violencia hay que citar también a 35 exmiembros desmovilizados de las FARC.

Denuncias de los obispos

En la Asamblea Plenaria de la semana pasada, la Conferencia Episcopal expresó su apoyo a los obispos de las diócesis más azotadas. El año pasado lo hicieron con monseñor Rubén Darío Jaramillo, amenazado de muerte por los grupos criminales que operan en su diócesis de Buenaventura. Por el puerto de esa ciudad de medio millón de habitantes situada en la costa del Pacífico pasan hoy más de la mitad de las importaciones y exportaciones de Colombia… pero también los submarinos con la droga con destino a Centroamérica, México y Estados Unidos. Jaramillo y el resto de prelados de la región del Pacífico y del Suroccidente llevan tiempo denunciando el alarmante incremento de operaciones del narco, la presencia de grupos armados, la corrupción y la extorsión, solicitando la búsqueda de «soluciones a corto y medio plazo».

Hace unas semanas, uno de esos obispos, Carlos Barreto, de Quibdó, escribió una carta abierta al presidente Iván Duque para abordar la situación. Se concertó una entrevista con el asesor presidencial encargado de los derechos humanos, pero esta no llegó a celebrarse. Fueron los tres obispos que iban a participar en ella, el propio Barreto, Mario de Jesús Álvarez (diócesis de Istmina-Tadó) y Hugo Alberto Torres (Apartadó), los que decidieron aplazarla para expresar su malestar por las declaraciones del ministro del Interior, que había tachado de «falsas y extravagantes» sus denuncias.

Visita de Petro al Vaticano

No ha sido este el único desencuentro de la Iglesia con el Gobierno en las últimas fechas. La audiencia privada que el Papa concedió el 3 de febrero a Gustavo Petro ha dado mucho que hablar. Francisco recibió al político a título privado, pero la mera entrevista, tratándose de un candidato electoral y en este momento, ha sido visto como una injerencia en los comicios. La embajada del país ante la Santa Sede aseguró que el Papa recibiría también al resto de candidatos que así lo solicitaran, algo que la Santa Sede nunca había dicho.

Petro acudió al Vaticano con su esposa y regaló al Papa una hamaca típica del Caribe, varios discos de vinilo de música colombiana y tres libros relacionados con la historia del país, las causas de la guerra y la concentración de tierras. Su equipo de comunicación dijo que había hablado con el Santo Padre «del problema y la búsqueda de una solución a la violencia» y del «cambio climático». El encuentro, del que no hay constancia gráfica, duró 45 minutos, y al tratarse, como decimos, de una audiencia privada, la Santa Sede no informó sobre él.

Según los últimos sondeos, de celebrarse hoy las elecciones, el candidato de la coalición Pacto Histórico (izquierda) obtendría el 27% de los votos. Le seguirían Rodolfo Fernández, al frente de una plataforma anticorrupción (14%), e Ingrid Betancourt (Oxígeno Verde, 11%). El resto de aspirantes estarían entre el 1% y el 6%.

Observadores internacionales de la UE

El presidente Duque también ha estado de gira por Europa. La Haya (sede del Tribunal Penal Internacional), Estrasburgo (Parlamento Europeo) y Bruselas han sido algunos de los lugares visitados. En la capital comunitaria se entrevistó con el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, quien anunció la apertura de negociaciones para el establecimiento de un "acuerdo de asociación" de Los 27 con Colombia. De llegar a concretarse, ello supondría un paso importante para el fortalecimiento de su economía y su democracia.

Por lo pronto, y prueba del buen momento de la relación, la Unión Europea despliega en los próximos días la que va a ser su primera misión de observación electoral en el país. A los diez analistas llegados ya en enero, se les suman ahora 34 observadores para hacer un seguimiento de la campaña, y más tarde otros 40 — entre ellos un grupo de eurodiputados — para verificar las votaciones y el recuento.

Colombia se juega su futuro en los próximos meses. El país, como dicen los obispos, se halla en "un momento crucial".