Deliveroo abandona España tras la puesta en marcha de la Ley de Riders

El año pasado aumentó la petición de comida a domicilio un 61%, según datos del Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación, Además, está previsto que este año, cuando conozcamos las cifras finales, se vaya a superar ampliamente. La petición de alimentos a domicilio se ha disparado, sigue aumentando con la mejora de las condiciones sanitarias, ya que un 85% de los españoles lo hace y nos hemos acostumbrado a ello. De hecho, están llegando nuevas compañías para un mercado que no deja de crecer. Sin embargo, una de las primeras en establecerse, se instaló hace 6 años, y la primera que prometió entonces llevar los pedidos en menos de 30 minutos, Deliveroo, echa el cierre en España. La plataforma lo anunciaba tras aprobarse la Ley de riders que obliga a contratar a los repartidores hasta ese momento falsos autónomos.

3.800 repartidores despedidos

Deja una cartera de 10.000 restaurantes de las 70 ciudades en las que estaba presente, un pastel a repartir entre el resto de las plataformas. Deliveroo estaba sin embargo en el 6º puesto, no era una de las de mayor mercado, con el 24% del reparto total estaba por detrás de sus competidores mas directos como Just Eat o Glovo y lejos de aplicaciones propias de algunas empresas de pizzas. Esta es la razón que aduce la empresa para marcharse, la enorme competitividad y la necesidad de realizar una altísima inversión para recuperar negocio. Pero sus 3.800 repartidores no opinan lo mismo. En la carta de despido que recibieron se explicaba que “la Ley rider genera enormes perjuicios al sector del reparto y pérdidas estructurales a las empresas”.

2.500 euros

Mediante un expediente de regulación de empleo sus riders cobrarán un despido de 48 dias por año trabajado pero de momento les es complicado reubicarse. “Hay negocio y demanda pero las nuevas compañías no van a crear tantos empleos”. Algunas plataformas han decidido subcontratar para sortear la Ley, en otras se han reducido los riders, y a ellos tampoco les gusta la ley porque se están produciendo despidos y han visto limitados sus ingresos. Algunos superaban los 2.500 euros, una cifra que supone doblar lo que cobra un repartidor contratado de cualquier otra compañía que apenas llegan a los 1.300.