Fiscal acusa a Sa Nostra de conceder créditos contra los intereses de la caja

La Fiscalía Anticorrupción ha enfatizado en su informe de conclusiones finales que la antigua cúpula de Sa Nostra concedió préstamos al Grupo Martín Gual a sabiendas de la delicada situación de la constructora, sin tener en cuenta a los órganos de gobierno de la caja de ahorros y en contra de los intereses de ésta.

La representante del ministerio fiscal ha presentado este miércoles su informe de conclusiones finales en el juicio por la relación de la caja con el Grupo Martín Gual, por operaciones que causaron un perjuicio económico que oscila entre 48 y 50 millones de euros, detectadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que en 2015 puso cinco expedientes en conocimiento de la justicia.

La Fiscalía, que se ha ratificado en sus conclusiones iniciales, considera probado que los acusados, el ex director general de Sa Nostra Pere Batle, su adjunto Pablo Dols, y el ex subdirector general de la caja, Rafael Oliver, actuaron de modo que los créditos a Martín Gual "llegaban ya aprobados a los órganos de gobierno de la caja", cuyas discusiones y opiniones eran irrelevantes.

Las decisiones, ha indicado la fiscal, "llegaban tonadas a los órganos de gobierno y estaban decididas de antemano".

Batle, Dols y Oliver "conocían la situación de Martín Gual" antes de conceder los préstamos, ya que consta que en los informes de auditoría interna de 2007 y 2008 "ya se habla de que hay que tener cuidado con las participadas acreditadas, que Martín Gual tiene mucho riesgo y no aconseja darles más crédito".

No obstante estos informes, "primero se le permiten subrogaciones y después se les da las financiaciones", pese a que los tres directivos no podían desconocer "la situación de los terrenos y que el mercado inmobiliario había caído de manera escandalosa".

Pese a todo, ha explicado la fiscal, los directivos no tomaron ninguna medida al respecto y continuaron financiando y refinanciando a Martín Gual.

La Fiscalía ha restado credibilidad al testimonio de los acusados, que en todo momento han defendido que las decisiones eran colegiadas; sin embargo, en los estatutos de la caja se especifica que la alta dirección tenía la obligación de advertir al consejo de administración en caso de falta de solvencia de las empresas que recibían financiación, algo que nunca se produjo en el caso de Martín Gual.

Y ello pese a que los informes de riesgo indicaban que los préstamos a Martín Gual deberían haberse rechazado o, en todo caso, exigírseles mayores avales.

Por el contrario, ha añadido la fiscal, "la caja asume todo el riesgo, actuando contra sus propios intereses y beneficiando a los del grupo Martín Gual".

En la misma línea se ha expresado la Abogacía del Estado, que considera que "los consejeros de la caja dieron esos préstamos al grupo Martín Gual que, en ningún caso, se destinaron al proyecto urbanístico", como muestra que en la actualidad "los terrenos sigan siendo agrícolas y no exista rastro alguno de las 637 viviendas libres de las que consistía".

En este punto se ha referido a los peritajes de la Agencia Tributaria, los cuales determinaron que aunque la financiación se ingresaba en las cuentas de dos empresas del grupo, "circulaba alrededor de todas y cada una de las sociedades sin justificación documental".

A su parecer, los correos intercambiados por la cúpula de la entidad dejan claro que entre ellos existía "un concierto desde el inicio. Todos guardaban una estrecha relación y tenían conocimiento de que la situación del grupo Martín Gual no era muy boyante".

El juicio concluirá previsiblemente mañana, cuando será el turno de presentación de los informes finales de las defensas.