Las claves del impuesto de patrimonio: en qué consiste, quién debe pagarlo y cómo lo gestiona cada autonomía

El pasado lunes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba la supresión, en el Consejo de Gobierno, del impuesto de patrimonio en la comunidad autónoma. Esta medida, junto a una nueva rebaja en el IRPF, sitúa a la autonomía como la segunda comunidad con menos presión fiscal de España, después de la Comunidad de Madrid.

Moreno apuntaba que, con la supresión del impuesto, se quiere favorecer que determinadas rentas que ya pasan largas temporadas en Andalucía, fijen aquí su residencia, contribuyendo con sus impuestos en la comunidad. Ha indicado que la bonificación será del cien por cien y no tendrá apenas impacto negativo en las cuentas de la administración autonómica porque apenas supone un 0,6 por ciento de lo que se recauda, mientras que sí "atraerá capacidad inversora para el fomento de la actividad económica y del empleo".

Además, se ha mostrado convencido de que incentivará que personas físicas establezcan su residencia fiscal en Andalucía, con lo que se contribuirá a un incremento de contribuyentes por IRPF y por otras modalidades de imposición indirecta mucho más relevante que la pérdida del impuesto de patrimonio.

¿Qué es el impuesto de patrimonio?

Se trata de un impuesto de carácter directo y personal que grava la posesión de bienes y activos, desde inmuebles hasta acciones, pasando por dinero en cuentas bancarias o fondos de inversión. Es un tributo estatal que fue suprimido en 2008 y posteriormente restablecido en 2011, en plena crisis económica, en principio para dos ejercicios, pero que después se prorrogó hasta que los Presupuestos de 2021 le otorgaron carácter indefinido. Deben pagarlo quiénes tengan un patrimonio neto de más de 700.000 euros, una vez deducida la vivienda habitual por un valor máximo de 300.000.

Sin embargo, este umbral cambia de una comunidad a otra, en concreto, es más bajo en Aragón, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana. En cuanto a las tarifas, el estado establece que los tramos deben estar entre el 0,2% y el 3,5% y cada comunidad aplica el que considera. Baleares, Extremadura y Comunidad Valenciana son quiénes más altas las tienen.

Hay dos autonomías que lo tienen bonificado al 100%, que son Madrid y ahora también Andalucía. Además, Galicia tiene regulada una bonificación del 25 % y algunas regiones tienen incentivos para discapacitados o patrimonios especialmente protegidos. Por su parte, País Vasco y Navarra tienen regulados sus propios impuestos de patrimonio, con mínimos exentos de 700.000 euros en Guipúzcoa, 800.000 euros en Álava y Vizcaya, y 550.000 euros en Navarra.

Respecto a las notables diferencias entre autonomías, Javier Alonso, profesor de derecho financiero y tributario de Comillas ICADE, explica a COPE que "el estado permite que haya estas diferencias porque el impuesto sigue siendo un impuesto estatal, si el Estado quisiera, podría costar estas diferencias".

Según datos oficiales, hay alrededor de 190.000 contribuyentes que pagan este impuesto con un patrimonio neto medio de 3,5 millones de euros, pero con muchas diferencias entre las comunidades.