El aplazamiento de las catalanas, en el tejado de la Junta Electoral y la Justicia

El laberinto de las elecciones catalanas sigue agrandándose y cada vez hay más caminos sin salida. Lo que sí se sabe hasta el momento es que el Gobierno autonómico en esta región planteará a los partidos la opción de aplazar los comicios unos tres meses, hasta mayo o junio si queda patente que la actual situación del coronavirus no garantiza votar con seguridad el próximo 14 de febrero. Una opción del gusto de casi todas las formaciones, dispuestas a debatirlo, excepto el PSC que propondrá este viernes en la mesa de partidos celebrar las elecciones catalanas "antes de la Semana Santa", en el mes de marzo

Los socialistas, que revolucionaron el escenario electoral al elegir como candidato al ministro de Sanidad, Salvador Illa, accederán a posponer los comicios como reclaman el resto de formaciones y plantearán a la mesa de partidos que las elecciones se acaben celebrando en marzo, buscando "una fecha más cercana porque llevarlo más allá no parece razonable". Advierten de que, de cualquier manera, la decisión final corresponde a la Junta Electoral Central y no al gobierno autonómico, porque las elecciones se convocaron de forma automática. Aquí es donde el laberinto se ensancha.

Desde el PSC harán esta propuesta después de conocerse el último informe técnico de Salud que sitúa el pico de la tercera ola de la pandemia cerca del 14 de febrero con entre 3.000 y 4.000 infectados para esas fechas, y entre 620 y 750 pacientes ingresados en la UCI. De ahí que los socialistas consideren inapropiado posponerlas para mayo o más allá porque "los datos epidemiológicos se podrían volver a complicar" y el Govern se podría volver a encontrar con una situación desfavorable para llamar a los catalanes a las urnas.

Las claves del posible aplazamiento

El posible aplazamiento electoral derivará en una intensa batalla en los tribunales y navegará entre dos órganos, uno administrativo y otro jurídico. El decreto de cancelación de los comicios podrá ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero deberá contar también con el visto bueno de la Junta Electoral Central.

El decreto de convocatoria de las elecciones al Parlamento catalán del próximo 14 de febrero se especifica, de forma clara, lo siguiente: "Si por razones derivadas de la protección del derecho a la salud frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia generada por la COVID-19, el desarrollo del proceso electoral no se pudiera llevar a cabo con las garantías de salud pública necesarias, se podrá dejar sin efectos esta convocatoria y posponer la votación para una fecha posterior que ofrezca dichas garantías".

Cabe destacar que la actual ley de régimen electoral central, la conocida como Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), no contempla la anulación o el retraso de unas elecciones. Un asunto que es reconocido por los expertos en la materia como un vacío legal.

Sí que existe el precedente de los retrasos de los comicios autonómicos tanto en el País Vasco como en Galicia el año pasado. Pero la diferencia era sustancial, ya que se pudo hacer gracias a sus propias leyes electorales, unas que no dispone Cataluña. Y se hizo con un confinamiento poblacional en toda España debido a la pandemia y con el consenso de todos los partidos políticos, contexto del que no goza Cataluña, ya que el PSC se niega a aplazar la cita electoral.

En caso de impugnación del decreto de desconvocatoria, será un juez el que valorará si las causas de suspensión son razonables y proporcionadas. Se tendrá en cuenta la situación de crisis sanitaria y toda la normativa prevista para este tipo de situaciones excepcionales.

En todo caso, el decreto de convocatoria electoral para las elecciones catalanas fue publicado en el Boletín Oficial del Estado e incluye la posibilidad de aplazar los comicios por razones sanitarias. Y esta será válida mientras no se anule.