La Audiencia Nacional condena a 133 años de prisión al acusado por los asesinatos de 5 jesuitas en El Salvador en 1989

La Audiencia Nacional ha condenado al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Montano, a 133 años y cuatro meses de prisión como responsable de haber planeado y ordenado junto a la cúpula castrense de su país los asesinatos de los cinco jesuitas españoles en 1989.

El tribunal ha dado a conocer la sentencia en una lectura pública en presencia de Montano, único dirigente del alto mando salvadoreño enjuiciado por estos hechos ante la Justicia española, que en la vista oral se desvinculó por completo de la masacre.

La resolución considera a Montano autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista, por los cuales le impone una pena de 133 años de prisión, cuatro meses y cinco días.

Igualmente, le atribuye los asesinatos del otro jesuita salvadoreño, así como de la cocinera de la universidad y su hija de 15 años, si bien no puede condenarle por estos hechos al no haber sido extraditado por EE. UU. por esos crímenes.

El tribunal ha establecido un máximo de 30 años de cumplimiento efectivo de la condena, un período al que habrá que restarle el tiempo que lleva en prisión provisional, desde 2017.

Dicen los magistrados que los ocho asesinatos "fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía Inocente Orlando como viceministro de la Seguridad Pública", quien participó en la decisión por la cual se "transmitió la orden de realizar las ejecuciones al coronel director de la Escuela Militar", Guillermo Benavides, un mando medio que es el único condenado en El Salvador.

No obstante, la Sala va más allá al considerar acreditado que en la masacre participó un grupo violento y estable compuesto por el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani; miembros de la Tandona, la promoción de oficiales que ocupaba las más altas estructuras del poder en el Salvador, así como otros altos cargos.

Todos ellos utilizaron la violencia y cometieron graves delitos, que causaron alarma y alteraron gravemente la paz y la convivencia ciudadana "con el fin de perpetuar sus privilegiadas posiciones".

Ellos, continúa, "cometieron los asesinatos después de intentar hacer creer a la opinión pública que tanto Ignacio Ellacuría como el resto de sacerdotes pertenecían al liderazgo intelectual del Frente para la Liberación Nacional Farabundo Martí, generando la falsa afirmación de la existencia de un enemigo infiltrado en las estructuras de las sociedad, que actuaban como agentes de una confabulación socialista-comunista".