Campo insta al PP a "arrimar el hombro" con el CGPJ y defiende limitar sus funciones mientras no haya acuerdo

Podemos apremia al Gobierno con la reforma de la sedición y la rebelión y el ministro le responde: "Estamos en ello"

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha reiterado este lunes desde el Congreso de los Diputado su llamamiento al PP a "arrimar el hombro" para lograr un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --que lleva pendiente dos años--, si bien al mismo tiempo ha defendido la propuesta de PSOE y Unidas Podemos de impedir que un CGPJ pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras dicho acuerdo no llegue.

Campo, que ha comparecido en la Comisión de Justicia a iniciativa propia para exponer el programa Justicia 2030, ha expresado su preocupación por el "deterioro" que la no renovación de órganos constitucionales como el CGPJ y el Tribunal Constitucional puede causar en la imagen del Poder Judicial a ojos de los ciudadanos y ha incidido en la idea de que es una obligación que impone la Carta Magna y compele tanto al PSOE como al PP porque son quienes pueden conformar las mayorías necesarias.

"El constituyente quiso que quienes forman los tres quintos contribuyan y arrimen el hombro, y ahí entran ustedes. Por tanto, contribuyan", ha dicho a los diputados 'populares', haciendo alusión a la mayoría necesaria para designar a los doce vocales procedentes del turno judicial.

Asimismo, ha querido subrayar el mensaje de que "no se puede ser constitucionalista a tiempo parcial". "Les pido que recapaciten, que vuelvan a la senda constitucional completa y recapaciten en la renovación de los órganos constitucionales, porque saben que no hay alternativa", ha señalado al Partido Popular.

Aunque ha confiado en que el bloqueo impuesto por el PP "se remedie pronto", ha sostenido que el hecho de que el CGPJ lleve dos años en funciones es una "anomalía democrática" que debe corregirse porque "el reloj de la democracia no puede pararse", reivindicando que la voluntad del constituyente del 78 también era clara al establecer que el CGPJ debía renovarse pasados cinco años.

Así, ha respaldado la última proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones de un CGPJ caducado y ha llamado a "que nadie se asuste", esgrimiendo que la actual Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ya plantea algunas restricciones. "Por tanto, no estamos rompiendo un techo de cristal, es profundizar en una idea a la que nos aboca una situación", ha indicado.

En su respuesta, el diputado 'popular' Miguel Ángel Jerez, ha rehusado entrar en lo que ha considerado una "provocación" de Campo al hablar sobre la "vuelta al constitucionalismo" del PP, apostillando que el Partido Popular "nunca" se ha apartado del texto constitucional, y ha reprochado al ministro las "injerencias" del Gobierno en el CGPJ y en el Ministerio Fiscal.

En la contrarréplica, Campo se ha mostrado conciliador, declarándose "convencido" de que si se logra la "calma" la regulación de las tareas que un CGPJ en situación de interinidad puede realizar será un asunto "pacífico", dado que --ha insistido-- "no significa mermar en absoluto las competencias del órgano constitucional porque está pensado para que actúe en los tiempos que la Constitución quiere".

Desde la oposición, el diputado de Vox José María Sánchez García, que ha tildado directamente al Gobierno de no democrático, ha reprochado a Campo que Moncloa no ha mostrado el mismo "celo" para sustituir al teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, "que está con un mandato expirado desde hace más de un año y que ha sido quien ha informado en las querellas contra el Gobierno por su actuación en la pandemia de coronavirus".

Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha expresado su preocupación por la "deriva" del Ministerio de Justicia, del que ha dicho que siempre se ha caracterizado por "un perfil muy técnico" y que ahora, sin embargo, se ha convertido en "herramienta fundamental" para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez siga en el poder con apoyos como ERC o Bildu como un "Gobierno Frankenstein".

PODEMOS RECLAMA LA REFORMA PENAL

Bal también ha echado en cara a Campo la tramitación de los indultos solicitados a favor de los condenados por el 'procés', a pesar de que "no se arrepienten", y la reforma de los delitos de sedición y rebelión a raíz de este fallo del Tribunal Supremo.

En cambio, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha vuelto a apremiar a Campo para que haga realidad su promesa de reformar dichos delitos. Así, le ha acusado de "desentenderse" de su promesa de que la modificación penal estaría aprobada antes de que acabara 2020. "¿Cuántos años necesitan?", le ha planteado. "Creo que es el momento de pasar de las palabras a los hechos", le ha exhortado.

Campo, que ya recibió un mensaje similar de Asens desde el Hemiciclo, le ha agradecido que esta vez haya estado "menos bravo" y le ha contestado que "no son promesas incumplidas", asegurando que "se cumplirán", si bien ha subrayado que "llevan su tiempo" porque tienen "un enorme calado". "Este Ministerio y este ministro no están ociosos. Efectivamente, estamos en ello", ha zanjado.

"LAWFARE" O GUERRA JURÍDICA

El diputado de Bildu Jon Iñárritu ha criticado igualmente que los vocales del CGPJ "estén prácticamente en rebeldía" por llevar dos años en el puesto de forma interina y ha propuesto a Campo cesarles a todos excepto a unos pocos para crear una especie de diputación permanente para "asuntos ordinarios", augurando que el acuerdo con el PP no llegará porque "siempre habrá alguna excusa".

Iñárritu ha alertado de que los 'populares' no quieren llegar a acuerdos para poder "seguir controlando una justicia politizada", recordando en este sentido el famoso mensaje de WhatsApp del ex dirigente del PP Ignacio Cosidó sobre manejar por "la puerta de atrás" la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS).

En esta línea, ha señalado como "casos de 'lawfare'" o de guerra jurídica el 'procés' y la decisión del TS de repetir el juicio contra Arnaldo Otegi por el caso 'Bateragune'. Incluso ha pronosticado que España será condenada una tercera vez por Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a cuenta de Otegi.

Frente a ello, Iñárritu ha emplazado a Campo a que el Gobierno dé el paso de que España ratifique el Protocolo 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos para que se puedan presentar cuestiones prejudiciales, a lo que el ministro ha respondido que no es necesario porque en nuestro país se respetan los Derechos Humanos, aprovechando asimismo para defender la independencia judicial: "Si cree de verdad que el PP controla la Sala Segunda es que no ha visto la sentencia que le condena a título lucrativo".

JUSTICIA 2030

A pesar de que el debate parlamentario ha girado en torno a estas cuestiones, el propósito de Campo era presentar el programa de Justicia 2030, que ha definido como "un proyecto de país" con un horizonte de ejecución temporal de diez años cuyo objetivo es transformar la administración de justicia mediante la digitalización y la eficiencia para hacerla más accesible y más ágil.

Campo ha enmarcado en Justicia 2030 los anteproyectos de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y de eficiencia procesal, así como los tribunales de instancia --una iniciativa que ha dicho que está "a punto de caramelo"--, y ha indicado que ahora se inicia una nueva etapa, dentro de la 'hoja de ruta' y alineada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se va a desarrollar hasta 2026 con un plan financiero de 410 millones de euros.

El ministro ha hecho hincapié en el modelo de "cogobernanza" con las comunidades autónomas y en el diálogo con todos los operadores jurídicos y los grupos parlamentarios. "Sumémonos todos a este proyecto de país, que no entiende de ideologías ni de colores políticos, sino de vocación de servicio público", ha invitado.