La concesionaria de La Bretxa de San Sebastián deberá desalojar las instalaciones "en el plazo máximo de tres meses"

El Ayuntamiento de San Sebastián ha informado de que la empresa concesionaria del centro comercial La Bretxa deberá desalojar las instalaciones "en el plazo máximo de tres meses", tras recibir el dictamen favorable de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

El Consistorio donostiarra aprobará en una Junta de Gobierno local extraordinaria, que tendrá lugar este próximo jueves, los procedimientos para poner solución a los problemas causados por "el incumplimiento de obligaciones esenciales" del contrato de concesión de La Bretxa por parte de la empresa concesionaria.

El Gobierno municipal de PNV y PSEE-EE acordó, con apoyo del grupo municipal de EH Bildu, que el Ayuntamiento gestione de forma directa la Bretxa, una vez se resuelva el citado contrato.

Esta decisión se debió a que la empresa que explota La Bretxa no acometió las obras de reforma del edificio Pescadería, para adecuar el mercado tradicional, ni las de urbanización del entorno del mismo, como estaba previsto. Ello ha causado la paralización, durante un año, de los citados trabajos.

En este contexto, el Ayuntamiento remitió a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi la solicitud de dictamen de resolución contractual, con oposición por parte del contratista, el pasado 20 de marzo, tras lo cual el pasado viernes este órgano remitió al Consistorio el Acuerdo en el que declara que la concesión es "de naturaleza patrimonial, por lo que no debe ser dictaminada la caducidad por ese órgano, sino que el Consistorio puede finalizar el mismo.

Fuentes municipales han señalado que ahora la concesionaria deberá desalojar las instalaciones "en el plazo máximo de tres meses a contar desde la notificación del acuerdo" y, de no hacerlo así, "perderá el derecho de indemnización y se procederá a su lanzamiento".

Además, desde el Ayuntamiento han explicado que, hasta el momento de la entrega efectiva de los edificios y bienes afectos a la concesión, "la concesionaria quedará obligada a mantener y abonar todos los servicios y suministros necesarios para asegurar la continuidad de las actividades allí desarrolladas y la seguridad de los edificios y personas usuarias".

En este sentido, las mismas fuentes han indicado que, "si la concesionaria no garantizara estas medidas, el Ayuntamiento podrá intervenir garantizando la realización de las mismas con sus propios medios o a través de terceros contratados".