El Congreso regulará los grupos de interés para evitar presiones a diputados

El Congreso debatirá la reformar el Reglamento de la Cámara Baja para regular los grupos de interés y evitar conflictos o presiones que puedan tener los diputados frente a los "lobbys", toda vez que el PSOE y el PP han registrado sendas propuestas de reforma en este sentido.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha señalado este jueves durante su intervención en un foro del Consejo General de Economistas que "hay voluntad mayoritaria de que el 'lobby' no entre en el poder legislativo.

La Mesa del Congreso ha admitido a trámite dos proposiciones del PP y del PSOE de reforma del Reglamento para incorporar un nuevo Título XIV para la regulación de los grupos de interés.

"Es bueno que se regule y esté en el Reglamento de la Cámara pero también quiero añadir que yo nunca me he sentido presionada como diputada. Nos vemos y nos reunimos con todo el mundo", ha incidido tras añadir que "es bueno contar con todos los puntos de vista de organizaciones, asociaciones y sectores para legislar".

La presidenta del Congreso se ha mostrado optimista de que esta reforma salga adelante y ha dicho que es un paso más para avanzar en la transparencia parlamentaria, en la necesidad de que los diputados hagan públicas sus agendas, actividades y bienes patrimoniales.

El Congreso publicó en febrero las declaraciones de intereses económicos de todos los parlamentarios en el marco del nuevo código de conducta aprobado en octubre de 2020 y que sustituyó al de 2019 y en el que también se contempla una Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales.

Esta oficina debe elaborar anualmente un informe sobre el cumplimiento de las normas de conducta de los parlamentarios e incluso puede hacer recomendaciones.

Precisamente desde marzo la Oficina de Conflicto de Intereses está supervisando las últimas declaraciones de intereses económicos de todos los diputados, entre ellos los 52 de Vox, después de que cada uno de ellos utilizara la misma fórmula en su escrito y evitar desglosar sus actividades.

El Código de conducta fue aprobado el año pasado por las Mesas del Congreso y del Senado con los votos favorables del PSOE, el PP y Unidas Podemos y el rechazo de Vox, que se mostró en contra de publicar los datos personales, académicos y profesionales de todos los parlamentarios así como su agenda institucional.

La declaración de intereses, de actividades y de bienes y rentas aparece en las fichas de cada diputado y senador y trata de dar un paso mas para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), que planteó la necesidad de que el Parlamento español redactara y se guiara por un Código que salvaguardara de posibles malas praxis.

El Código Ético tiene carácter vinculante y regula qué hacer cuando determinadas actuaciones o decisiones de los diputados pudieran cuestionar su objetividad e independencia.

La Oficina de Conflicto de Intereses tiene como meta resolver las dudas de interpretación que genere la aplicación del código.