Educación concertada, el español como lengua vehicular... estos son los puntos más polémicos de la ley Celaá

La nueva ley de educación que ha sido aprobada este jueves en el pleno del Congreso ha escenificado la división que existe en la política española. 177 votos han sido con los que PSOE y Unidas Podemos han podido sacar adelante su ley educativa, la octava en nuestro país, que busca dar fin a la ley LOMCE aprobada por José Ignacio Wert.

Como ocurre con cada ley educativa, esta ha sido objeto de polémica. No es de menos. Con la denominada 'Ley Celaá' el español no va a ser lengua vehicular, la educación concertada va a quedar reducida y comienza el principio del fin de la educación especial. Y esto solo es el principio. Así lo han denunciado PP, Ciudadanos y Vox dentro del hemiciclo, quienes a gritos de "libertad" han denunciado algunos de los aspectos más controvertidos que tiene esta ley.

Diversos colectivos también llevan poniendo el grito en el cielo contra esta nueva ley, y este jueves se han reunido a las puertas de la Cámara Baja para denunciar lo que consideran un atropello lo llevado a cabo por dos socios del Gobierno. De hecho, PP y Vox ya han anunciado que van a recurrir esta ley al Tribunal Constitucional.

Educación concertada amenazada

El texto que ha sido aprobado por PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Más País Equo y Compromís busca asfixiar la escuela concertada. Esta es la única conclusión que se puede sacar del texto que ha sido aprobado por iniciativa del Gobierno, donde eliminan la "demanda social". Esto abre la posibilidad de que las comunidades puedan cerrar unidades sin tener en cuenta lo que quieren los padres. En paralelo, además, se establece "un incremento progresivo de los puestos públicos escolares", excluyendo los concertados.

El texto recoge que serán las comunidades quienes repartirán a los estudiantes por los distintos colegios, algo que decidirá una comisión que vele por la presencia equilibrada del alumnado "en situación socioeconómica desfavorecida". Esto, denuncian los principales colectivos, va en contra de lo que recoge el artículo 27 de la constitución, que busca garantizar la libertad de enseñanza.

Otro de los ataques que contempla la ley de educación aprobada este jueves es la decisión de no conceder suelo público a la construcción centros concertados o la retirada a aquellos que apuesten por la educación diferenciada.

Sobre este asunto el Tribunal Constitucional ya se pronunció en 2018 cuando concluyó que estos centros deben acceder al "sistema de financiación en condiciones de igualdad" que el de otro tipo de centros, ya que se considera que este sistema educativo es "respetuoso con la Constitución".

Además, el texto recoge que los centros no podrán recibir cuotas de las familias por las enseñanzas de carácter gratuito, y tampoco imponer aportaciones a asociaciones o fundaciones.

Una de las asociaciones que más ha luchado contra esta ley ha sido Más Plurales, que ha sido la encargada de recoger el malestar de todo los colectivos. Antonio Amate, su coordinador, en declaraciones a 'Herrera en COPE' ha denunciado la actitud del Gobierno, y ha advertido de que "somos objeto de una manipulación inaceptable".

Educación especial: el comienzo del fin

Uno de los aspectos más sensibles de esta normativa es sin duda lo que recoge el texto respecto a la educación especial, la relativa a los menores que tienen discapacidades físicas y psíquicas. La nueva ley, la LOMLOE, se refiriere a estos centros en la disposición adicional cuarta, donde establece que "el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años (...), los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".

A juicio de las familias afectadas, esto supone un paso atrás en la educación de sus hijos, ya que según denuncian, en los próximos años esta nueva normativa, que ahora sigue su proceso en el Senado, va a permitir que sus hijos deban ir a centros ordinarios donde no están preparados para educar y formar a estos niños, ya que cuestionan que vayan a recibir la atención especializada que necesitan.

El castellano, en mano de las comunidades

Otro aspecto que también es polémico y que ha sido especialmente criticado por los partidos de la oposición es que en esta nueva normativa el español no está incluido como lengua vehicular. La polémica nace de que este punto es fruto de un acuerdo alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos y ERC y que fue aprobado a través de una enmienda.

ERC es clave para sacar adelante muchas de las propuestas que las dos formaciones del Gobierno llevan al Congreso, y la aprobación de esta enmienda ha sido entendida por los grupos de la oposición como una concesión más del Gobierno a los partidos independentistas. En sustitución, deja en mano de las comunidades la tarea de controlar que los alumnos reciban clases en castellano aunque no hay mecanismos que lo garanticen.

Más puntos sensibles

Otro de los puntos sensibles es que por primera vez una ley educativa en nuestro país establece que un alumno puede tener en su posesión el Bachillerato con un suspenso, y la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se podrá obtener con "actividades personalizadas extraordinarias" y se puede pasar de curso sin límite de materias suspendidas, ya que el suspenso va a pasar a ser "la excepción".

Otro de los objetivos que ha perseguido esta ley es precisamente eliminar algunas de las cuestiones introducidas por la ley anterior, la del popular José Ignacio Wert. Por ejemplo, se suprimen las reválida que la LOMCE contemplaba y la Prueba de Acceso a la Universidad se denominará de nuevo "selectividad", aunque esta dejará de ser la única prueba y se irá hacia mayor homogeneidad.

La nueva ley incluye la asignatura de Valores y contendrán contenidos que han sido calificados como "memoria democrática". Por contra, la asignatura de Religión no contará para nota ni para pedir becas. Sobre el resto de las materias serán las comunidades quienes lo determinen. En las regiones con lengua cooficial un 50% y en las que no lo tienen, un 40%. Además, el texto recoge las singularidades de Navarra y País Vasco.

Marcha en el Senado

Una vez ha sido superado el veto del Congreso, la reforma queda a la espera de que sea llevada al Senado. Si esta no se opone ni enmienda la nueva norma la misma, estaría lista para ser publicada en el Boletín Oficial del Estado.