El exconsejero Vallejo, condenado a 8 años de cárcel

El exconsejero de Innovación y expresidente de IFA-IDEA Francisco Vallejo ha sido condenado por la Audiencia de Sevilla a ocho años de cárcel y a treinta de inhabilitación por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en el caso de los ERE de la Junta de Andalucía. Consejero de Innovación desde el 25 de abril del 2004, al 24 de abril del 2009, Vallejo asumió la presidencia del IFA, posteriormente IDEA, tras la adscripción del instituto a dicha Consejería, en el ejercicio 2004.

Según la sentencia, como titular de la Consejería, era destinatario de los informes de control financiero permanente del ente público IFA, en los que se deja claro que la financiación de IDEA para hacer estos pagos "no debía realizarse mediante transferencia de financiación", y que tampoco cabía la utilización de IDEA como entidad colaboradora.

También constata que el IFA ha contraído obligaciones de pago con terceros por compromisos que "superan" el límite de los créditos aprobados, generando así obligaciones para la Junta de Andalucía sin cobertura presupuestaria y contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38.2 de la Ley 5/1983 General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Estos incumplimientos van referidos no a la Consejería de Empleo, sino al IFA, precisa.

El fallo recoge que le fue remitido el informe definitivo de cumplimiento de IDEA del ejercicio 2003, con el que se adjuntaba el Informe Adicional, en el que a modo de conclusión se dice que la citada Dirección General ha tramitado "subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido".

Pese a tener el conocimiento descrito, como consejero y miembro del Gobierno, participó en la aprobación de los proyectos de presupuestos, que permitieron que la Consejería de Empleo siguiera tramitando los expedientes de gastos de transferencias de financiación, "vulnerando el régimen legal" de éstas, así como la aprobación de modificaciones presupuestarias.

Por consiguiente, la Audiencia sostiene que el encausado "era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad" de los actos en los que participó, asumiendo la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines "ajenos al fin público al que estaban destinados". En su declaración ante el juez para pedir el archivo de las actuaciones contra él, Vallejo aseguró que solo había dedicado "diez minutos" en total al método de pago de los ERE. En su comparecencia ante la comisión de investigación del parlamento en agosto del 2012, apuntó a Empleo como responsable y aseguró que desconocía los informes de la intervención.