TRIBUNALES COMUNICACIÓN
El exjuez Alba pide 23 años de cárcel al periodista Carlos Sosa por sus informaciones
El exmagistrado Salvador Alba, en prisión por manipular una instrucción para perjudicar a Victoria Rosell, ha solicitado 23 años de cárcel para la pareja de la juez, el periodista Carlos Sosa, al considerar que sus informaciones sobre el caso en los digitales CanariasAhora.com y ElDiario.es invadieron su esfera privada y promovieron el odio contra él.
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El exmagistrado Salvador Alba, en prisión por manipular una instrucción para perjudicar a Victoria Rosell, ha solicitado 23 años de cárcel para la pareja de la juez, el periodista Carlos Sosa, al considerar que sus informaciones sobre el caso en los digitales CanariasAhora.com y ElDiario.es invadieron su esfera privada y promovieron el odio contra él.
Carlos Sosa se sentará en el banquillo por esos hechos después de que el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid haya decidido abrir juicio oral contra él por tres delitos de revelación de secretos, dos de acoso y uno de odio en contra el criterio del Ministerio Fiscal, que no aprecia nada reprochable en las informaciones del periodista.
Desde octubre de 2022, Salvador Alba cumple una condena de seis años y medio de cárcel y 18 años de inhabilitación dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y confirmada por el Supremo tras un juicio en el que tanto Rosell como Sosa ejercieron la acusación particular, como perjudicados por las maquinaciones que la sentencia declaró probado que había cometido el exmagistrado.
Salvador Alba se ha querellado contra el director de Canarias Ahora por una serie de informaciones sobre episodios relacionados con esa sentencia, ocurridos cuando el TSJC intentó localizarle para notificarle sus decisiones o cuando el entonces magistrado de la Audiencia de Las Palmas se dio de baja médica y trató de que se tuvieran en cuenta una serie de problemas de salud que padecía.
El exjuez acusa al periodista de haber obtenido de forma ilícita y haber revelado sin permiso datos personales y concretos sobre su salud, su domicilio, su vida familiar y el colegio donde estudiaba su hija (una menor) y de haber generado un clima contra él que hizo que recibiera mensajes de odio a través de las redes sociales.
Por eso, le reprocha tres delitos de revelación de secretos (relativos a su mujer, su hija y él mismo), dos de acoso (contra su esposa y contra él) y de incitación al odio, por el que no solo pide penas de prisión, sino tres indemnizaciones que suman 325.000 euros.
Concluida la instrucción del caso y habiendo una acusación particular que ha formulado cargos, el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid ha acordado que se someta al periodista Carlos Sosa a juicio, en una resolución contra la que ya no cabe recurso.
La decisión cuenta con la oposición expresa de la Fiscalía de Madrid, que solicitó el sobreseimiento de las actuaciones.
En un informe fechado el 19 de enero al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Público recomienda a la juez que cierre estas diligencias porque el periodista señalado por Salvador Alba publicó "informaciones de relevancia pública".
La Fiscalía no solo defiende que Sosa hizo un "ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información", sin excederse en la difusión de datos "irrelevantes, gratuitos o necesarios", sino que además lleva la contraria al querellante en su relato de hechos.
Según el Ministerio Público, en las informaciones que Alba cita como prueba de que Sosa reveló datos sobre su salud, colegio de su familia o vida privada no se encuentra detalle alguno sobre los diagnósticos, centros sanitarios o lugares de ingreso, ni tampoco el nombre de su hija o el centro escolar al que acudía la niña.
"Entendemos que el investigado es un periodista que cubre una noticia de clara relevancia e interés público, que ha obtenido de forma lícita y las ha publicado, omitiendo datos que puedan afectar a la intimidad de la víctima y su familia", añade el fiscal.
"Del análisis de todas las noticias publicadas y firmadas por el querellado", continúa el informe, "se infiere que no ha existido un ataque a la intimidad del querellante por tratarse de información cierta y veraz, referida exclusivamente a la esfera pública y no a su vida privada, poseyendo las noticias interés público".