La Generalitat saca adelante un decreto que ampara al profesorado que incumpla el 25% de clases en Castellano

El Govern ha aprobado este lunes un decreto ley que busca proteger a los directores de los colegios ante la sentencia del 25 % de castellano y traspasar la responsabilidad que pueda derivarse de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación, para hacer frente así a las "injerencias" judiciales.

A un día de que expire el plazo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que fijó el 31 de mayo como fecha límite para la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a las escuelas a ofrecer el 25 % de clases en castellano, el Govern ha celebrado una reunión extraordinaria para aprobar un decreto ley sobre "criterios aplicables en la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos" en Cataluña.

El decreto se añade a la proposición de ley de uso de las lenguas en la enseñanza, pactada entre PSC-Units, ERC, JxCat y los comunes y que está pendiente de ser aprobada por el pleno del Parlament, una vez el Consejo de Garantías Estatutarias haya emitido el dictamen solicitado por Vox, Ciudadanos y el PP.

Con el decreto ley, la conserjería de Educación que lidera Josep Gonzàlez-Cambray asume la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y concertados catalanes, para proteger así a los directores de los colegios ante la sentencia del TSJC del 25% de castellano.

Según el decreto, el Departamento de Educación debe valorar previamente los proyectos lingüísticos, que tiene que diseñar cada escuela e instituto basándose en su realidad cultural y sociológica.

El catalán es el "centro de gravedad del servicio público educativo de Cataluña", subraya el decreto, que rechaza aplicar "porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas".

En rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha asegurado que, mediante este decreto, se garantizará que "las injerencias judiciales motivadas por persecuciones ideológicas no afecten al buen funcionamiento de la enseñanza ni condicionen el modelo de escuela catalana".

Según Plaja, el decreto "protege a los centros educativos y las direcciones de centro de las injerencias de los tribunales", así como al "modelo de escuela catalana, rechazando cualquier intento de ligar el aprendizaje de la lengua a porcentajes o parámetros numéricos", sino a "criterios lingüísticos y pedagógicos".

El Govern, ha apuntado, asegura también la "vehicularidad" del catalán, como también que se garantice que al final de su paso por el sistema educativo todo alumno tenga pleno conocimiento de catalán y castellano.

El decreto no ha sido bien recibido por el PSC, que es uno de los promotores en el Parlament de la proposición de ley que reafirma el catalán como "lengua vehicular" en las escuelas y, a la vez, reconoce el castellano como lengua de "uso curricular", sin fijar porcentajes y dejando margen de decisión a los centros educativos.

La portavoz parlamentaria del PSC, Alícia Romero, ha anunciado que su grupo no apoyará el decreto porque no solo "no da cumplimiento" a la sentencia del TSJC, sino que "desafía a los tribunales" y "no recoge con plenitud el acuerdo fruto del consenso trabajado por los grupos", dado que no menciona el "uso curricular" del castellano.

Por su parte, el presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha anunciado que llevarán al Consejo de Garantías Estatutarias el decreto ley, porque "intenta otra treta para saltarse la sentencia del 25 % de castellano".

En defensa del decreto se ha pronunciado el portavoz de JxCat, Josep Rius, que ha señalado que esta es "la vía de la confrontación contra decisiones judiciales injustas".

Mientras tanto, la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB) y la plataforma una Escuela para Todos ven en el decreto una declaración "expresa de que desobedecerán" a los tribunales y "no ejecutarán la sentencia" del 25% de castellano.