El Gobierno insta con un requerimiento a Castilla y León a que no aplique su protocolo a favor de la vida

El Gobierno ha realizado un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto al aborto. El Ejecutivo ha anunciado este requerimiento en un comunicado ante los protocolos anunciados este pasado jueves por la Junta de Castilla y León para evitar abortos.

Afirma el Gobierno que utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente. De la misma forma, recalca que velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del estado ni por parte de administración pública alguna.

Este sábado, en la apertura de la precampaña del PSOE para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo, Pedro Sánchez ya había mostrado su desacuerdo con la medida y, sin concretar, aseguró que su partido le haría frente: “Después de lo que estamos viendo en Castilla y León, con la coalición del miedo, con el PSOE no habrá ni un solo retroceso”.

En la tarde de este domingo el Ministerio de Sanidad ha remitido un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León en el que se solicita que "se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la interrupción voluntaria del embarazo".

También exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas. Además, insta a comunicar de manera inmediata al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas.

En caso de que el requerimiento efectuado no sea atendido "íntegra e inmediatamente" por la Junta de Castilla y León, el Gobierno no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales a la vista de que las medidas anunciadas asegura que pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico.

Con este protocolo provida, anunciado el pasado jueves por el vicepresidente de la región, Juan García-Gallardo, y previsto para entrar en vigor este lunes, se quiere instar a los médicos de Castilla y León a ofrecer a las mujeres embarazadas la posibilidad de escuchar el latido del feto, una ecografía en 4D (de imagen en movimiento) y recibir asistencia psicológica.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha tratado este fin de semana de marcar distancias con sus socios de Vox respecto al nuevo protocolo provida. Asegura que las medidas respetarán la ley y los derechos de los profesionales sanitarios. Profesionales cuyo criterio se impondrá en todo momento, según ha dicho el presidente regional. Mañueco ha indicado, además, que serán las mujeres embarazadas las que decidan si quieren o no escuchar el latido del feto o hacerse una ecografía 4D.

Mientras tanto, el PP nacional se mantiene por ahora al margen de la polémica y afirman que “quien tiene que dar explicaciones es el Gobierno de Castilla y León”.