El Gobierno encara su 'revolución del Código Penal': el Congreso cierra la reforma de sedición y malversación
Este jueves se celebra el tercer pleno extraordinario para la aprobación de la ley que suprimirá la sedición y reformará la malversación
Madrid - Publicado el - Actualizado
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El Gobierno ha venido actuando como una auténtica apisonadora en el Congreso para cercenar el debate parlamentario y sin garantías llevar a término su 'revolución del Código Penal'. Este jueves, en un tercer pleno extraordinario, quedaría aprobada la sustantiva reforma para salir de la Carrera de San Jerónimo camino del Senado, con el borrado de la sedición y el abaratamiento de la malversación.
Todo a gusto de Esquerra, a objeto de borrar el reproche a condenados y encausados del Procés. El camino desplegado por Pedro Sánchez ha extendido el desconcierto y el malestar en el PSOE, aunque muchos eludan hacerse oír ante la entrega a los postulados de los separatistas. La Moncloa y Ferraz confían en cambiar el marco con las Navidades y el nuevo paquete anticrisis.
Fue el pasado 11 de noviembre cuando el PSOE y Unidas Podemos registraron su iniciativa, una proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal, lo que los juristas llaman 'La Constitución en negativo'. Al optarse por esta vía en lugar de por un proyecto de ley del Gobierno, la norma entró en la Cámara sin que se pronunciaran sobre la misma el Consejo de Estado ni el Consejo General del Poder Judicial.
Tramitación acelerada
Una vez aprobada la ley, se remitirá al Senado, donde también será objeto de una tramitación acelerada. De hecho, el plan es incluir su aprobación definitiva en el Pleno que la Cámara Alta tiene previsto celebrar la próxima semana, el día 22 de diciembre. De hecho, el PP ya ve un intento de tapar la reforma penal al hacerla coincidir con el sorteo de la Lotería.
Y del Senado saldrá directa al BOE, ya que el PSOE cuenta con respaldo suficiente para no introducir modificaciones en la Cámara Alta y así evitar que tenga que volver al Congreso. Todo ello siguiendo la hoja de ruta del Gobierno de coalición para que el fin del delito de secesión, el que sustentó las condenas de los líderes del proceso independentistas de 2017, pueda estar en vigor lo antes posible.