Hasta 3.000 euros de multa: el miembro de un piquete, sancionado por "grave alteración de la seguridad"

Los transportistas encadenan su octavo día consecutivo de huelga para exigir la reducción del precio de los combustibles. Estos paros han provocado piquetes en las carreteras, que la propia administración de Pedro Sánchez despenalizó y en estos se han provocado numerosos incidentes, agresiones y otros sucesos que si están recogidos como delitos.

COPE.es ha tenido acceso a una denuncia interpuesta a una de las personas que se encontraba en uno de estos piquetes, pero que su comportamiento traspasó lo que las leyes recogen como legales. Según se recoge en la denuncia, el individuo causó incidentes en el piquete "causando desórdenes, obstaculizando la vía y dificultando y tratando de impedir la normal distribución de productos y mercancías poniendo en peligro la circulación y el tráfico rodado y, en consecuencia, ocasionando una grave alteración de la seguridad ciudadana con peligro para los conductores afectados por dichos incidentes".

Esta acusación se recoge como una infracción grave en el artículo 36,3 de la Ley Orgánica 4/2015 del 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. En base a esto, los hechos podrían suponer una sanción económica de entre 601 euros y 30.000. "En su caso, y en las medidas accesorias que procedan, se propone en este expediente una sanción económica de 3.000 euros", describe la denuncia. Además, si el instructor considera que el comportamiento es constitutivo de delito, "se comunicará a la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal".

En resumen, los piquetes son legales desde que el Gobierno permitió estos comportamientos en las huelgas y protestas, pero lo que no pueden hacer los participantes es causar desórdenes que pongan en peligro la seguridad ciudadana.

En este momento, representantes del Gobierno y del Comité Nacional de Transportes continúan reuniéndose en busca de una solución, sin embargo, a estas conversaciones no se ha convocado a la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, la organización que ha convocado la huelga.

El presidente de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte por Carretera, Manuel Hernández, animaba este domingo a todos los camioneros, a sus familias y a sus vecinos a concentrarse en las plazas de los pueblos y ciudades

"Se trata de una quedada y no una manifestación o protesta", dijo anoche en su página de Facebook, al tiempo que invitó también a llevar a cabo "marchas lentas" en todas las ciudades.

Hernández denuncia que los camioneros que secundan el paro están sufriendo "represión", pero ha dejado claro que "vamos a seguir con los vehículos parados hasta que esta gente nos reciba y nos arregle la situación" y ha añadido que "el daño que se pueda hacer indirectamente no se hace adrede. No somos gente de mal".

El resto de asociaciones mayoritarias se habían opuesto a esta huelga, pero advierten que si no se llega a una solución, darán libertad a sus asociados para que se sumen a los paros, aunque como asociación no suscriban la huelga.

Estos paros han generado piquetes que han cortado las carreteras y el Gobierno ha cargado en numerosas ocasiones contra los convocantes de la huelga calificándoles como "radicales" y personas de "la ultraderecha que coquetea con las aspiraciones de Vladímir Putin". Desde la oposición critican que el Gobierno condene estos actos que se están produciendo cuando fue esta misma administración la que aprobó una reforma en el Código Penal para derogar el artículo 315.3 que contemplaba penas de cárcel específicas para coacciones de los piquetes de huelga. Esta despenalización es la que recuerda la oposición para criticar al Gobierno con esta medida que se le ha vuelto en contra a la izquierda en estas huelgas.