Un juez abre diligencias para investigar el voto de Casero mientras Batet evita convocar la Mesa del Congreso

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha acordado abrir diligencias para investigar si hubo un delito informático en la votación del real decreto de la reforma laboral este jueves en el Congreso, que fue aprobado gracias al 'sí' del diputado del Partido Popular, Alberto Casero.

Mientras, el PP se ha quejado a última hora de la tarde de este viernes de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no haya tomado ninguna acción tras la polémica votación y ni siquiera haya respondido a sus demandas de que reúna de forma urgente a la Mesa de la Cámara para tratar la "anomalía" en el voto de Casero. Ante su pasividad, ha vuelto a exigirle que convoque al órgano de gobierno de la Cámara.

¿Hubo delito informático en la votación de la reforma laboral?

Un particular ha presentado una denuncia, que ha llevado al magistrado a abrir diligencias para investigar lo ocurrido, según ha explicado en un auto. El denunciante había solicitado a la Guardia Civil que accediera al domicilio del diputado del PP Alberto Casero, quien dijo haber tenido problemas técnicos en la votación telemática. También había requerido a la Benemérita que acudiera al Congreso de los Diputados "para proceder al análisis de terminales y sistemas necesarios".

Se da la circunstancia de que por error en un primer auto el juzgado señaló que el denunciante era el propio Casero, algo que fuentes jurídicas se han encargado de desmentir esta misma tarde apuntando a un posible error a la hora de redactar la resolución. El juez Carretero, que se encontraba de guardia, fue quien dio traslado al Ministerio Público para que se pronunciara al respecto de las diligencias solicitadas. Ante tal petición, la Fiscalía presentó un informe en el que se opuso a las mismas al no considerarlas urgentes.

Una vez recibida la respuesta del Ministerio Público, el juez Carretero ha considerado, en un nuevo auto, que "no ha lugar en este momento a la diligencia solicitada" por el denunciante, aunque ha señalado que ello no se traduce en que en el curso del procedimiento no se pueda acordar dicha diligencia.

El magistrado ha explicado que para que la Guardia Civil se persone en el domicilio del diputado del PP y ocupe terminales y sistemas "se precisa autorización" del dirigente, algo que no consta, o un auto de entrada y registro judicial "basado en indicios claros de delito y no en meras sospechas como alude la denuncia presentada". Asimismo, ha señalado que para personarse en el Congreso de los Diputados es necesaria la autorización de la Presidenta del Congreso, conforme al artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, algo que "tampoco consta en este momento".

Así las cosas, el juez ha concluido que "no existe urgencia para la práctica de estas diligencias". Según consta en el auto, la investigación deberá someterse ahora a reparto para determinar cuál de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla tendrá que hacerse cargo. La denuncia ha sido presentada por un abogado que ya ha presentado al menos dos denuncias en los juzgados madrileños contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) José Félix Tezanos. Ambas fueron archivadas.

El PP insiste a Batet en que reúna a la Mesa de la cámara

Por su parte, el PP ha remitido un nuevo escrito, firmado por la vicepresidenta segunda de la Mesa del Congreso, Ana Pastor, y el secretario cuatro, Adolfo Suárez Illana, en el que reitera a Batet su petición de que reúna de urgencia a la mesa de la cámara, un hecho que de momento no ha ocurrido.

Tal y como ha planteado el PP en los distintos escritos que ha registrado en las 24 horas posteriores a la votación, se reafirman en que se vulneró el derecho al voto de Casero e insisten en que Batet incumplió la resolución de la Mesa sobre el voto telemático por no convocar a este órgano cuando se le comunicó la "anomalía" en el voto de Casero. Además, Pastor y Suárez Illana recalcan que, en contra de lo manifestado por Batet ante el propio Pleno del Congreso tras la votación del decreto, la Mesa no pudo analizar esa "anomalía" ante de la votación porque no se reunió.