La libertad, o no, de Oriol Junqueras mantiene el bloqueo político, mientras la Abogacía del Estado delibera

Resta por ver la interpretación de los servicios jurídicos del Estado, que en junio avalaron la recogida por parte de Junqueras de su acta de eurodiputado

La libertad, o no, de Oriol Junqueras mantiene el bloqueo político, mientras la Abogacía del Estado delibera

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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Nochebuena 2019, todas las miradas puestas en si el ejercicio político acabará con la investidura de Sánchez encarrilada o no, pero mientras tanto, el Ejecutivo en funciones y ERC siguen negociando el apoyo de los independentistas a Sánchez en función del 'caso Oriol Junqueras', quien obtuvo el jueves de la semana pasada el beneplácito de la justicia europea para obtener la inmunidad y hacerse con su escaño europeo, ya que "obtuvo los votos suficientes para ser eurodiputado".

Ahora queda por ver cuál es la interpretación que harán los servicios jurídicos del Estado, que tienen hasta el 2 de enero para pronunciarse a través de su informe. Recordemos que ya en junio se mostraron proclives a la recogida del acta de europarlamentario por parte del político catalán, al igual que lo hizo el Tribunal Supremo. Ahora, con el respaldo de la justicia europea, todo parece indicar que el informe seguiría esta línea. Aunque este contravenga la versión de la Fiscalía. 

De hecho, ya hay medios como el diario ABC que informan de que la Abogacía del Estado mantendría en su informe la misma tesis que en junio. Asimismo, otros como La Vanguardia apuntillan que la Abogacía estudia ahora si Junqueras debería tener permiso para acudir al Parlmaento Europeo o no. Uno de los puntos más controvertidos porque en su día los servicios jurídicos del Estado ya advirtieron que la Junta Electoral debía realizar una reformulación en la que quedara patente que no existía incompatibilidad alguna por parte de Oriol Junqueras, y su proceso judicial, para su ejercicio como eurodiputado. Ambos extremos no han sido confirmados por la Cadena COPE. 

POSICIÓN DEL EJECUTIVO RESPECTO AL INFORME 

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ya aseguró el pasado viernes que el Ejecutivo "no da instrucciones" a la Abogacía del Estado para orientar el informe que el Supremo le había solicitado para el cumplimiento de la sentencia de la Justicia europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras.

La Abogacía actúa según el "principio de legalidad" y "buscando el interés general", recalcó entonces Celaá, aseguró que ese servicio jurídico está estudiando en profundidad la sentencia dictada este jueves por el Tribunal de Justicia de la UE y que "no hay ninguna instrucción al respecto". Sin entrar al fondo del asunto, la portavoz del Gobierno advirtió que ahora mismo Junqueras ya está condenado en firme por el Supremo y no en prisión preventiva, como ocurría en junio cuando la Abogacía informó a favor de que se le dejara en libertad provisional para cumplir los trámites tras ser elegido eurodiputado. "Dejemos lo judicial en manos de los tribunales", reiteró durante la rueda de prensa del viernes la portavoz del Ejecutivo, quien recalcó que de ninguna manera el Gobierno va a interferir en ese ámbito judicial, sino que se va a limitar a trabajar en la política.

Además, insistió Celáa en que las cuestiones entre tribunales han de resolverse entre ellos, pero, eso sí, salió en defensa del Supremo al recordar que si el TJUE se ha pronunciado ha sido gracias a una cuestión prejudicial elevada por el tribunal español. Y eso es porque el Supremo "es garantista" y porque la justicia española busca que los acusados tengan las máximas garantías, aseveró.

La sentencia, entre otras cuestiones, ha permitido la entrada de Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo. Al respecto, la portavoz afirmó el viernes que esa acreditación es provisional y que el expresidente de la Generalitat aún tiene "cuentas pendientes" con la Justicia española que "obviamente tendrá que sustanciar". "Seguimos en lo mismo en lo que estábamos", apuntilló la portavoz. Asimismo, defendió a las instituciones europeas al manifestar: "La resolución del Tribunal de Justicia de la UE es nuestra resolución; España está en Europa y España se somete a la jurisdicción europea".